Opinión

Acuerdo

Raúl Ramírez Bogado - @Raulramirezpy

Imaginen esta situación: Juan toma algo de Pedro, y este reclama. Como no se ponen de acuerdo, van ante un tercero, que debe resolver a quién le pertenece. Sin embargo, el tercero ya tiene un acuerdo con Juan, para que se resuelva según lo acordado.

A todas luces es injusto para Pedro la solución que dará este tercero, porque existe un acuerdo con Juan. Lo ideal sería que el mediador sea imparcial e independiente, para que estudie los argumentos de cada uno y resuelva con Justicia.

Ahora, traslademos esta situación al ámbito judicial. Se confía en la Justicia porque según la Carta Magna debe ser independiente e imparcial. Si no lo es, se puede pedir que el juez se aparte del caso.

Es más, se la representa con la diosa Astrea, con la balanza que significa la igualdad con que la Justicia trata a todos, y la espada la fuerza para imponer sus decisiones. Los ojos vendados para no ver a quién favorece.

En un proceso penal, tenemos al juez, que juzgará el caso y las dos partes, el fiscal acusador y la defensa que representa al procesado.

Las partes deben estar en igualdad de condiciones. Cada uno presenta sus argumentos para que el juez imparcial e independiente decida. Además, existe el principio de inocencia, donde es el acusador el que debe probar que uno es culpable.

A qué apunta todo esto. Es que el 8 de mayo pasado, hubo un acuerdo entre la Corte Suprema y el Ministerio Público, de cooperación interinstitucional para la depuración de las causas penales relativas a la violación de la cuarentena sanitaria.

Se quiere poner en práctica el plan de depuración de causas. Dicen que cada institución podrá así cumplir con sus misiones institucionales.

La Corte se compromete a exhortar a los jueces a darle soluciones alternativas a los casos de violación de cuarentena, tales como la desestimación, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, el procedimiento abreviado, la conciliación, según el artículo 301 del Código Procesal Penal.

Dice que se impondrán sanciones económicas y abrirán una cuenta en el Banco Nacional de Fomento para que el dinero vaya al Ministerio de Salud, para atender a los sectores golpeados por la pandemia, en lo referente a salud y alimentación.

Señala que siempre que se den las condiciones y que, para ello, los jueces deberán informar cada lunes a la Corte las medidas aplicadas y el destino del dinero.

El Ministerio Público se compromete a darle la mayor celeridad a estos casos y solicitar soluciones alternativas para los juicios, cuando se den las condiciones basadas en las circunstancias del hecho, el grado de reprochabilidad. Todo esto, según un instructivo de la Fiscalía General.

El acuerdo está firmado por el titular de la Corte y los ministros de la Sala Penal con la fiscala general del Estado. No dudo que las intenciones son buenas, pero de ellas está lleno el camino del infierno.

Me dirán que, pese al acuerdo, cada juez tiene la independencia e imparcialidad para juzgar. Pero no olvidemos que la Corte es la que ejerce potestad disciplinaria sobre ellos. En palabras sencillas, es jefe de los jueces. Y la Fiscalía es solo una de las partes del proceso, y que está obligada a probar sus acusaciones.

Con el acuerdo, prácticamente tenemos una sentencia previa en los casos de violación de cuarentena. Con qué objeto la defensa querrá asistir a los procesados si ya hay un acuerdo hasta para el destino los fondos. ¿Y si alguno apela y el caso llega a la Sala Penal de la Corte?

En la mayoría de los casos, las imputaciones por la cuarentena no cumplen las condiciones legales. Creo que en algunas ni siquiera hay hechos punibles, sino que hubo más de 3 mil imputados a mansalva, sin siquiera escucharlos.

Además, cerca del 60% de los imputados nunca tuvo un proceso penal. Están asustados y lo único que quieren es concluir la causa. Sin dudar van a admitir hechos que ni siquiera hicieron para terminar los casos. Así, lo que menos habrá sera Justicia.

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