La acordada sobre la aplicación de la prisión preventiva define la política criminal procesal de la Corte Suprema, según explicó ayer la ministra Carolina Llanes, en una conferencia de prensa junto con varios ministros y redactores de la acordada.
Reconocieron sobre la mala aplicación de la prisión preventiva, incluso como pena anticipada, lo que les llevó a redactar una guía que se adecua a la Constitución y los tratados.
Reconocieron también que sirve de respaldo para los magistrados, aunque no pretende legislar, sino la consolidación de las buenas prácticas para la buena aplicación de las medidas cautelares.
Ante las consultas, señalaron que había magistrados temerosos de aplicar las medidas alternativas a raíz de la presión del Jurado de Enjuiciamiento.