La ley vetada tenía el objetivo de que los aportes puedan ser devueltos a los aportantes de la Caja que hayan sido despedidos, dejados cesantes o se hayan retirado voluntariamente, sin necesidad de cumplir con los 10 años de antigüedad, tal como está establecido en la actual legislación.
Los empleados bancarios deben necesariamente presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para poder retirar su dinero, y esta ley pretendía eliminar este requisito, pero con la aceptación del veto ya no será posible.
El Ejecutivo alegó que esta norma podría acarrear peligrosos problemas financieros en las cajas del sistema de jubilaciones. “No representa ningún déficit para la Caja”, contradijo Hugo Ramírez.