La fiscala anticorrupción Yolanda Portillo presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución del Tribunal de Apelaciones, Primera Sala que anuló todo el proceso al contralor general de la República, José Enrique García, quien había sido imputado por producción de documentos no auténticos.
La representante del Ministerio Público alegó que la decisión de la Cámara de Apelaciones infringe gravemente la exigencia de fundamentación de las decisiones judiciales sobre las bases de las exposiciones exigidas en la Constitución Nacional y en la ley, prevista en el artículo 256 de la Carta Magna.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander votaron por la nulidad, mientras que Delio Vera, por el rechazo del pedido.
Según refiere la resolución de la segunda instancia, el contralor tiene inmunidad y no fueros. Así, debe ser separado del cargo por juicio político para poder ser procesado. Con ello, anularon la resolución del juez y todos los actos referidos al contralor desde la admisión de la imputación y comunicaron el fallo al Congreso para que realicen el procedimiento.
El caso data del 2016, cuando la firma Ivesur ganó una demanda a la Municipalidad de Asunción.
