El escándalo protagonizado por la senadora colorada Mirta Gusinky, quien incurrió en el uso ilegal de privilegios para acceder a una dosis de vacuna contra el Covid-19 sin encontrarse aún en la franja de edad que le corresponde, al igual que otros políticos que también están siendo investigados por el mismo motivo, trajo de nuevo al tapete una situación que ya no debe ser admitida, en el sentido de que el oficialista Partido Colorado siga acaparando los nombramientos de importantes cargos de Salud Pública y que los utilice principalmente con fines partidarios.
En este caso, se reveló que el principal responsable de la irregular vacunación vip que benefició a la legisladora, el doctor Robert Núñez, por ahora destituido director de la XVIII Región Sanitaria (Departamento Central), ocupaba también la presidencia de la seccional colorada N° 4 y actuaba como un operador político desde el Ministerio de Salud. Había sido denunciado en agosto del 2019 por convocar a funcionarios de dicho ministerio a almuerzos con fines proselitistas en el local de la seccional.
En realidad, no es el único caso. Desde la época de la dictadura stronista, al igual que otros ministerios y dependencias del Estado, el Ministerio de Salud ha sido uno de los feudos favoritos del Partido Colorado, tanto para acciones proselitistas, como para favorecer negociados con empresarios amigos y dar empleo a los correligionarios, sin tener en cuenta la capacidad ni las necesidades de la salud pública.
Hasta ahora, las direcciones regionales de Salud Pública —que constituyen uno de los puestos claves e importantes, ya que deciden la política sanitaria en cada región o departamento del país— siguen siendo cargos que responden principalmente a cupos políticos de la ANR, algo totalmente inadmisible en esta época y más aún en un contexto de pandemia.
Los que ingresan a estos cargos responden más al partido que a las necesidades de la población y están más preocupados por mantener cuotas de poder que atender a la gente.
Así se explica que se haya respondido a vacunar de manera ilegal, tanto a la senadora Gusinky como a otros dirigentes políticos, que actualmente están bajo investigación, pero no basta con separarlos temporalmente del cargo, hasta tanto acabe el sumario interno.
En el caso de la senadora Gusinky, ha cometido una verdadera afrenta a la ciudadanía, al usar sus vínculos políticos para vacunarse indebidamente, cuando miles de personas están muriendo por falta de camas de terapia y de vacunas. Finalmente, ante la indignación ciudadana, ayer se vio obligada a renunciar a su banca, a pesar de varios intentos de su sector por salvarla. Es lamentable que sea reemplazada por Ramón Retamozo, otro personaje con oscuros antecedentes, lo cual habla del pésimo nivel de la dirigencia política.
Más que nada, urge despolitizar la administración sanitaria, nombrar a las autoridades y contratar a los funcionarios por capacidad y méritos, a través de un concurso de oposición, sin importar la afiliación política. Es hora de que la ciudadanía exija que el partido de Gobierno deje de considerarse dueño del Estado.
