Editorial

Acabar con la corrupción policial cómplice del crimen organizado

Acerca del trágico suceso del pasado domingo en la ciudad de San Bernardino, cuando un concierto al que asistieron más de 15.000 personas terminó en un trágico hecho de sicariato en el cual fueron muertas dos personas y heridas otras cinco, recién pasadas 48 horas se conocen algunos de los detalles más relevantes. El hecho sin dudas ha enlutado al país y generado una gran ansiedad social. Ha desnudado también la inseguridad y la facilidad con la que se vulneran los controles de un evento multitudinario para introducir armas, pero sobre todo pone al descubierto la connivencia de la Policía Nacional con el crimen organizado. Paraguay debe ser capaz de acabar de raíz con la mafia policial que está arrastrando al país a ser un país manejado por criminales. Ese no es el país en el que queremos vivir.

El domingo 30 enero lo que debió haber sido una fiesta resultó en una tragedia; y en la memoria inmediata del país no existe un suceso que iguale a lo que aconteció en San Bernardino aquella noche. Un concierto que congregó a una multitud se vio interrumpido por un hecho de sicariato, con dos personas asesinadas y otras cinco heridas.

Tras las primeras horas del suceso la Policía Nacional se mostró tan sorprendida como el resto del país, y lo que parecía un hecho más de negligencia se convirtió días después en algo mucho peor, cuando fueron descubiertos los detalles que apuntaban hacia la corrupción policial.

De acuerdo con datos que manejan los investigadores, Marcos Rojas Mora, de 29 años, quien murió por las balas de los sicarios, y residía en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, habría llegado junto a otras personas para participar del festival en San Bernardino, habiendo alquilando incluso una lujosa casa. El grupo compartía el sector vip, donde se encontraban personajes de la farándula local, entre futbolistas, modelos y presentadores. De acuerdo con los testigos, los “fronterizos” pidieron en todo momento tomarse fotos con los famosos; y en uno de esos momentos, en la zona de la cantina y los baños, cerca de las 22:00, la influencer Cristina Vita Aranda habría accedido a tomarse una fotografía con uno de los pedrojuaninos. Fue en ese momento en que Marcos Rojas recibió ocho disparos de un sicario. Las balas alcanzaron también a Cristina Vita Aranda. Ambos fallecieron pero hubo también varios heridos, entre ellos, el supuesto blanco del ataque.

Es en este punto donde la tragedia adquiere ribetes de escándalo al descubrirse, varias horas después, que José Luis Bogado Quevedo, uno de los heridos en el ataque, desde el año 2014 contaba con orden de captura internacional con fines de extradición. Sin embargo, esta orden desapareció del sistema informático de la Policía en abril del año pasado por un supuesto “error”.

Las autoridades de Brasil informaron que Bogado, quien tiene 34 procesos en aquel país, es líder de una banda criminal que trafica desde la frontera drogas y armas. En nuestro país, este se desempañaba como empresario ganadero, según los fiscales.

La historia se completa con el hecho de que la pareja de Bogado Quevedo sería la hermana de la esposa del presunto narco Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, quien había sido rescatado por un grupo comando en la zona de la Costanera de Asunción. Posteriormente fue recapturado y extraditado al Brasil. Las autoridades nacionales no han podido explicar el supuesto error de haber borrado un pedido de extradición del sistema informático de la Policía.

A la segunda víctima, una joven madre de tres hijos, la consideran un daño colateral, una posición en la que potencialmente se encuentran todos los que habitan este país, por la desidia, los supuestos errores, pero sobre todo por la complicidad con el crimen organizado.

Es hora de poner punto final a las mafias, que se han fortalecido bajo la cómplice mirada de las autoridades y de la clase política. Este, definitivamente, no es el país en el que soñamos vivir.

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