Agrega que la decisión de los parlamentarios que castigaron a Amarilla atenta directamente contra una de las libertades fundamentales de todo régimen democrático: La libertad de expresión, consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional. Además, el comunicado de los juristas explica que este derecho debe ser protegido en todas sus formas.
Igualmente, el mensaje recuerda que todo gobernante demócrata tiene oposición política, es controlado por los medios de comunicación, recibe críticas de sus opositores y es supervisado constantemente por la sociedad civil. “Las voces críticas expresadas por los ciudadanos desde cualquier ámbito y por cualquier medio, merecen especial protección, sobre todo, cuando el mensaje va dirigido a la clase política”, resalta el comunicado del CAP.
Esencial. Además, subraya que si se desea fortalecer la institucionalidad y mejorar la democracia, el intercambio de voces entre los parlamentarios es esencial, aunque haya cuestionamientos, por lo cual reprochan la posición asumida por un grupo de diputados que, “aprovechando una mayoría coyuntural, resolvió dar un golpe artero a una de las principales conquistas democráticas como lo es la libertad de expresar ideas, opiniones o posiciones”.
Asimismo, los abogados instan a la clase política a entender que la democracia debe proteger a las minorías disidentes y la libertad de expresión, porque la democracia no solo regula la forma de acceder al poder, sino también la forma de ejercerlo. “Antes que acallar o reprimir las voces críticas, hay que fomentarlas”, se lee en el texto.
Finalmente, propone a los legisladores que desarrollen el valor de la tolerancia, pues el camino opuesto, como el que se ha tomado, “no es más que el primer paso en la senda de los vicios autoritarios”.
La decisión de un grupo de diputados (...) constituye un acto arbitrario, inconstitucional y peligroso.
comunicado,
Colegio de Abogados.
