El abogado y miembro suplente del Consejo de la Magistratura en representación de las universidades privadas, Ricardo Daniel Sasiain Sosa, expuso en el IX Seminario Internacional de Ética en el Gerenciamiento de la Salud, realizado en la Ciudad del Vaticano. Habló sobre los dilemas éticos, jurídicos y sociales que rodean el acceso a los medicamentos de alto costo en Paraguay.
Previamente, los representantes y expositores tuvieron una audiencia privada con el Santo Padre León XIV. En la ocasión del IX Seminario Internacional se abordaron temas para reflexionar sobre los desafíos éticos que atraviesa la gestión de los sistemas sanitarios.
Primero, en su alocución el abogado Sasiain enfatizó que la salud es “uno de los bienes más preciados del ser humano” y citó la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la concibe no solo como ausencia de enfermedad sino como un estado de completo bienestar. Señaló que, bajo esta premisa, es “la razón por la cual el Estado se hace cargo de vigilar y tutelar el derecho a la salud”.
Para dar contexto al tema, explicó que Paraguay adoptó la Política Nacional de Salud 2015-2030, que incluye siete estrategias. Al respeto, se centró en el eje estratégico número 7 que contempla el acceso a tecnologías sanitarias, alimentos y sus innovaciones.
Y que en el marco de esta estrategia el Estado asume el desafío de disponibilizar el acceso a medicamentos a toda su población. Sin embargo, advirtió que “ello no siempre es posible”, especialmente cuando se trata de fármacos cuyo costo supera ampliamente el presupuesto ordinario del sistema sanitario.
“El acceso a los medicamentos de alto costo en Paraguay constituye hoy uno de los mayores desafíos del sistema sanitario. En este debate confluyen tres dimensiones: el derecho a la vida, la equidad social y la ética de la salud pública”, afirmó.
Panorama del acceso a medicamentos
El abogado Sasiain expuso que el acceso a medicamentos de alto costo plantea hoy uno de los mayores desafíos éticos del sistema de salud paraguayo.
“Cuando un medicamento salva una vida, pero su precio lo hace inalcanzable, surge un dilema moral que atraviesa no solo a los pacientes, sino también al Estado, a las empresas farmacéuticas y a toda la sociedad. La cuestión central no es cuánto cuesta el fármaco, sino qué valor damos a la vida humana en el marco de nuestro orden jurídico y moral”.
Al respecto, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 4°, consagra que la vida humana es el valor supremo y que el Estado debe protegerla activamente.
“Este principio impone al Estado una obligación positiva y activa no basta con no quitar la vida, debe protegerla y preservarla, incluso mediante políticas públicas efectivas de salud. Aquí se define con fuerza que la salud es una responsabilidad del Estado, no una mercancía ni un privilegio sujeto a capacidad de pago”.
Por ello, afirmó que “negar o demorar un medicamento esencial por razones presupuestarias contradice el espíritu constitucional, que pone al ser humano por encima del costo”.
El abogado citó los estándares internacionales de derechos humanos, como la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica, que obligan a los Estados a garantizar el acceso a los servicios y bienes necesarios para la salud, incluidos los medicamentos esenciales.
Sobre financiamiento de medicamentos de alto costo
Durante su exposición, también explicó que el Ministerio de Salud Pública dispone de un Programa Nacional de Medicamentos de Alto Costo, creado para cubrir terapias que exceden la capacidad financiera ordinaria de los hospitales.
Este programa –explicó– evalúa los casos a través de certificaciones médicas, análisis técnico-científicos y decisiones administrativas. Sin embargo, en caso de la demora o negativa en la provisión lleva a muchos pacientes a recurrir al amparo constitucional.
“En los últimos años, decenas de fallos han ordenado la provisión inmediata de medicamentos, priorizando el derecho a la vida por sobre el presupuesto público”, señaló.
Sobre la situación dijo que los medicamentos de alto costo revelan la tensión entre la ciencia médica, el mercado farmacéutico y la moral social.
El abogado planteó que en este debate se cruzan tres dimensiones éticas; médica, del Estado y empresarial.
Con relación a la ética médica, dijo que su principio de beneficencia obliga a procurar el mayor beneficio para el paciente. Sobre, la ética del Estado, dijo que exige administrar los recursos públicos con justicia distributiva. Acerca de la ética empresarial, dijo que debe equilibrar la rentabilidad con el acceso universal a tratamientos vitales.
“Sin embargo, cuando un fármaco se vuelve inaccesible para la mayoría, el lucro se transforma en un acto moralmente cuestionable”.
Añadió: “El dilema es claro: ¿Hasta qué punto es legítimo lucrar con la vida? El precio de un medicamento puede reflejar un costo económico, pero nunca debería condicionar el derecho a vivir. La bioética contemporánea enseña que el acceso a los medicamentos esenciales no puede depender del mercado”.
Sobre el punto, dijo que el principio de no maleficencia obliga a evitar el daño evitable y negar un medicamento que puede salvar una vida constituye un daño moral.
“El principio de autonomía implica que el paciente tiene derecho a decidir sobre su tratamiento, pero esa autonomía es ilusoria si no existe acceso real al fármaco. Y el principio de justicia exige una distribución equitativa de los recursos sanitarios, especialmente en contextos de escasez”.
El abogado expuso que en Paraguay, la desigualdad se evidencia cuando algunos pacientes logran tratamientos gracias a la presión mediática o judicial, mientras otros mueren en silencio. “Esta selectividad moral contradice el ideal constitucional de igualdad ante la ley”.
Propuestas para un sistema más justo
Entre las medidas para avanzar hacia un modelo sanitario ético y sostenible, Sasiain propuso: Transparencia y negociación directa de precios con laboratorios internacionales, aprovechando mecanismos regionales de compra conjunta (Mercosur, OPS), la creación de un fondo solidario nacional, administrado con criterios técnicos y éticos, destinado exclusivamente a medicamentos de alto costo.
Además, la producción local o regional de biosimilares bajo licencias abiertas, Comités de ética sanitaria que acompañen decisiones críticas en casos de recursos limitados y fortalecimiento del control judicial y la jurisprudencia en materia de salud pública, reafirmando el carácter vinculante de los tratados de derechos humanos.
Finalmente, Sasiain subrayó que el acceso a los medicamentos de alto costo “no es un privilegio, sino una expresión concreta del derecho a la vida”. Recordó que Paraguay, por mandato constitucional y por sus compromisos internacionales, tiene la obligación ética, jurídica y moral de garantizar ese acceso sin discriminación.
“La salud no puede depender del poder adquisitivo, sino del valor que damos a la vida humana”.
