Pedro Rodolfo Mendoza, abogado del joven agredido en la colonia Nueva Durango, Departamento de Canindeyú, manifestó este jueves en conversación con Radio Monumental 1080 AM, que en el video viralizado de la agresión se ve un claro caso de un homicidio en grado de tentativa.
Esta fue la figura utilizada en la denuncia que hizo la víctima bajo su patrocino. Cuestionó que la Fiscalía aún no haya imputado al agresor, bajo la excusa de que no definió todavía si se trata o no de un caso de lesión grave.
Explicó que la imputación no causa agravio, por lo tanto si el fiscal imputa, “que es lo que tiene que hacer y está obligado a hacer”, si dentro de los seis meses ve que no se reúne los requisitos puede pedir el sobreseimiento del imputado.
“El hecho de haber esperado que este es un hecho punible la lesión de resultado yo ni siquiera comparto y creo que es una apreciación errónea que muchos juristas hacen porque el artículo 112 al hablar de lesión grave, dice en su inciso 1°, que haya estado en peligro de muerte, luego en su inciso 2° dice que los resultados del artículo 1° hayan sido posibles. Es decir que ni siquiera hace falta que haya ocurrido sino que haya sido posible una situación de muerte”, agregó.
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Mencionó que con los videos de la agresión se nota que el que golpea a su cliente tiene una constitución física mucho más grande y señaló que por la cantidad de golpes que recibe en el rostro el joven, no pueden decir que no haya estado en peligro de muerte.
“Tuve que utilizar todos los medios sociales y de prensa para presionarle al fiscal que tome una actitud, yo no suelo estar a favor de la justicia de barricada, pero a veces es necesario mover los medios cuando las injusticias y la inacción de la justicia son muy evidentes”, expresó.
El abogado dijo que el fiscal del caso (Lucrecio Cabrera) manifestó en un medio de prensa que “en cuatro años como fiscal jamás esa gente creó ningún problema”. Sobre el punto, señaló que esta situación evidencia que “el fiscal es defensor de la comunidad”. Además manifestó que según los menonitas “solo se trató de una pelea entre jóvenes”.
Dijo que la víctima debe someterse a una operación que costará alrededor USD 11.000, por tener tres fracturas, entre ellas de cráneo. Una médica debe realizar un informe para luego entregarlo a la Fiscalía.
“Ayer me dice el joven que él tenía miedo, no quería denunciar, pero que estaba realmente escupiendo sangre y no decía nada porque no quería problemas”, agregó.
Fiscalía analiza lesión grave
El fiscal Lucrecio Cabrera explicó que este mediodía recibió el estudio médico del joven que remitió el forense y aguarda el dictamen del forense “para asumir una decisión al respecto”.
“Yo no tengo mucho conocimiento médico, pero de buenas a primeras aparentemente sería una lesión grave. Eso es lo que dicen los estudios realizados, tomografía computarizada, que se le realizó al joven, pero el forense debe darme el dictamen médico”, agregó.
Comentó que tuvo la oportunidad de tomar la declaración de la víctima quien relató lo que sucedió y también tomó declaración al líder de la comunidad, quien dio los nombres de tres personas. Habla de que fue agredido con la mano y recibió muchos golpes por parte del señor, aunque la víctima le pedía que deje de pegarle.
Aclaró que la ley rige en todo el territorio de la República del Paraguay y no hay “ninguna excepción a favor de esa comunidad” para decir de que se va a dejar de cumplir la ley.
El representante del Ministerio Público dijo que el líder de la comunidad dio a entender que el joven cometió “una falta” y que por eso fue agredido y que “nada justifica eso”.
Además, mencionó que no es fácil identificar a las personas que aparecen en el video observando el hecho y que para una imputación las personas deben ser identificadas. Las mismas podrían ser investigadas por posible omisión de auxilio.
“Había mucha gente alrededor que no interviene no sé por qué razón, yo no veo que sea tentativa de homicidio, pero la lesión grave es cuestión de horas para poder definir eso”, afirmó.
Por último, mencionó que el responsable se expone a una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
