Por las escuchas telefónicas, el abogado Daniel Lobo denunció ayer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, y el fiscal Antidrogas Eduardo Royg.
El mismo profesional, antes, había denunciado ante el Colegio de Abogados del Paraguay las escuchas telefónicas de sus conversaciones entre él y su defendido, a quien asesoraba en el mismo proceso.
A raíz de eso, el gremio de los abogados presentó el miércoles un pedido de investigación ante la Corte, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, a raíz de la gravedad de los hechos. Incluso, iba a denunciarlo ante las federaciones regionales de abogados.
Sin embargo, el mismo día, la Corte Suprema sacó un comunicado donde señalaba que las actuaciones de la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, no fueron irregulares, ya que existe una acordada que regula este tipo de procedimientos de intercepción de llamadas, y que la intervención se hizo sin saber que se trataba del abogado, sino de un tal “Dani Primo”.
DENUNCIA. Ayer, el abogado Daniel Lobo, presentó la denuncia ante el JEM, contra la jueza y el fiscal, por mal desempeño en sus funciones, con pedido de suspensión y remoción de sus cargos.
El abogado dice que el 29 de julio pasado, asumió la defensa de Juan José Dubini, para su indagatoria y dio su número telefónico para las notificaciones.
El 30 de julio, dice, acudió ante la jueza Montanía para la audiencia de imposición de medidas, donde también dejó su número telefónico. Ese día, se notificó al fiscal Royg, que era el abogado de Dubini.
Alega que ese 30 de julio, el fiscal Royg, pidió autorización para interceptar un teléfono, que identifica como “Dani Primo”, donde señala la conversación que tuvo con el procesado Dubini.
Dice que Royg afirma en su pedido de interceptación que Dani Primo le dice a Dubini que iba a ser una audiencia del 242 y que no hay mucha defensa. También que el procesado afirma que teme por su vida. Pide quedarse en el departamento, a lo que Dani le dice que “esa es la idea”.
Afirma el fiscal que los números serían usados “presumiblemente por otros miembros de la organización o por personas cercanas”, los que podrían aportar datos sobre nuevas actividades ilegales.
Presenta los oficios a la firma telefónica, y señala que hubo violación de las comunicaciones abogado-cliente. También pedidos con la constancia de no agregar a la carpeta fiscal.
En su escrito de 53 páginas, dice que no le dejaron ver el expediente. Además, que recién el 20 de setiembre indagaron por qué debían invenir el teléfono. Cita varias otras irregularidades.
