13 nov 2026

Abogado de Lalo dará hoy datos sobre pericia balística

29905629

¿Manipulación? Rastros tras el asesinato de Lalo Gomes.

archivo

El equipo jurídico de la familia del ex diputado cartista Eulalio Lalo Gomes, fallecido en un allanamiento fiscal y policial, convoca hoy, a las 09:00, a una conferencia de prensa para exponer la conclusión de una pericia balística sobre el caso.

Será en el Estudio Jurídico Tuma y Asociados, con la presencia del abogado Óscar Tuma, quien viene cuestionando el operativo en el que fue abatido su cliente.

Este sostiene que a prima facie se contradice la versión oficial, que sugiere que agentes especiales dispararon a Lalo, producto de un enfrentamiento en el que el fallecido realizó disparos.

En el informe se detalla cómo supuestamente ocurrió el suceso que terminó con la vida del diputado. Se hace referencia a la trayectoria de los disparos, la supuesta manipulación de la escena del crimen y otras evidencias.

En cuanto a los disparos, que son atribuidos al cartista, se considera que él no pudo haber gatillado, y se pretende descartar la posibilidad de un enfrentamiento.

Se insiste en que podrían haber “sido efectuados después de su fallecimiento o por un tercero”.

Con esta aseveración, se busca instalar la presunta “manipulación de l escena del crimen”, que la familia intentaría demostrar.

Se alega que se detectaron signos “de alteración de la escena, incluyendo la reubicación de vainas percutidas y daños en las puertas que no fueron debidamente documentados

En cuanto a los “patrones hemáticos”, se sugiere que las manchas de sangre indican que los disparos fueron realizados a corta distancia, lo que coincide con heridas defensivas de la víctima

Otros aspectos, que formarán parte de la presentación de los abogados, serían “incongruencias” en las declaraciones, puesto que consideran que existen discrepancias entre las versiones del comisario a cargo y las evidencias físicas.

Caso. En la madrugada del pasado 19 de agosto, Gomes fue abatido por la policía, en un allanamiento en su residencia, en Pedro Juan Caballero. El operativo fue dirigido por agentes del Servicio de Inteligencia Unificada (SIU), FOPE y la Fiscalía.

Más contenido de esta sección
Grupos de manifestantes entre ellos asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y campesinos se movilizaron frente al Ministerio Público para exigir la destitución del fiscal general, Emiliano Rolón Fernández.
El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, anunció que el PLRA en conjunto con la oposición afinan un proyecto de ley para que ahorristas reciban su dinero varado en ueno bank. La iniciativa apunta a establecer el embargo y remate “instantáneo” del banco.
El presidente firmó el Decreto Nº 7228, que amplía la designación de organizaciones criminales transnacionales como terroristas internacionales. La medida alcanza a poderosos cárteles mexicanos, pandillas centroamericanas, grupos armados colombianos y bandas criminales de Venezuela, Ecuador y Haití. La decisión se enmarca en la iniciativa regional Escudo de las Américas y apunta a fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El gobernador de Guairá, César Sosa, reapareció tras la turbulencia financiera y política que desembocó en la destitución de Santiago Peña e instó a las máximas autoridades a dejar de lado las peleas internas que en su momento se dieron por la chapa oficialista para 2028. Pidió al presidente de la República, Pedro Alliana, enfocarse en la solución de la actual crisis suscitada que afecta a ahorristas de ueno bank.
El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, nuevamente evitó opinar sobre el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, impulsado por la oposición. Otro oficialista, Hugo Meza, dice que se analizará en bancada, mientras que su colega de ex Cruzada Nacional Jatar Fernández ya adelantó su voto a favor.
Senadores opositores presentaron un proyecto que busca recuperar el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. La iniciativa apunta a reponer disposiciones de la Ley 7089/2023, modificada durante el gobierno de Santiago Peña mediante la Ley 7236/2024. Los legisladores sostienen que el caso ueno dejó al descubierto los riesgos de la vinculación entre el poder económico y las instituciones encargadas de controlar.