La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene una doble agenda y los procesos que se llevan adelante en el Ministerio Público se sostienen con publicaciones de medios de comunicación y no con pruebas dentro de la carpeta fiscal, analiza, contundente, la abogada Cecilia Pérez Rivas, la actuación del Ministerio Público.
“La Fiscalía le pasa información a los medios de prensa de una manera selectiva, y eso está manejado desde arriba. Entonces, cuando no está funcionando su función en el proceso, sale una publicación en contra de la persona que está siendo investigada, seguida de una imputación. Pero qué pasa después, viene la prórroga extraordinaria. Después se acusa, tenga o no tenga nada, porque se hizo todo el escándalo antes”, explica.
AGENDA. En el análisis de Pérez Rivas, Quiñónez tiene una doble agenda y una selectividad para elegir causas e impulsarlas como supuestas campañas de lucha contra la corrupción, sin pruebas fehacientes, muchos para tapar –supuestamente– irregularidades de su administración.
“¿Qué hay detrás de esta selectividad en persecución de supuestos hechos de corrupción? Hay una doble agenda en su forma de operar, yo no tengo otra forma y otro criterio que pensar que es una nueva forma de hacer política”, apunta la abogada.
ABUSO de prórrogas. La profesional, que actualmente ejerce la defensa en mediáticos casos como el de Óscar González Daher y Miguel Cuevas, agrega que Quiñónez presiona con causas judiciales, dando el gusto a un sector o unos grupos determinados que hoy tienen una coyuntura favorable. “Las personas están condenadas de entrada, y después ya hay que mantener nomás ya esa condena social a cualquier precio“, considera.
Las imputaciones de cualquier persona vinculada a un hecho que haya tomado notoriedad mediática se dan justamente por presión –señala– y cuando no se puede justificar la persecución penal la Fiscalía solicita prórrogas extraordinarias alargando el proceso. “Estamos llenos de prórrogas extraordinarias. Eso es así, porque la imputación no tiene sustento. Pero acá no importa luego que tenga sustento, no interesa cumplir lo que dice expresamente el Código Procesal Penal. El CPP dice que hay que tratar de comprobar o no la existencia del hecho punible y de castigar a los culpables, pero acá no interesa si hay o no elemento, ni para imputar ni para acusar”, enfatiza Pérez Rivas, y explica que la doble agenda es “salirse de la ley y hacer política”.
Un claro ejemplo, dice la abogada, es la visita del grupo de escrachadores a la fiscala general, donde dio un listado de causas y explicaciones, pero cuando ocho intendentes de Paraguarí aparecieron ella no se bajó a atenderles.
“¿Por qué un grupo sí y otro no? Si la Fiscalía tiene que ser objetiva, o solo el que está a favor es recibido y el otro no? Esa es una forma de hacer política, y el Ministerio Público no está para eso”, sentencia la abogada.
Cecilia Pérez Rivas, de amplia carrera como abogada, es magíster por California Western School of Law. y miembro por Paraguay del Comité Permanente de América Latina para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
