El Poder Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de ley que establece un régimen de indemnización para los combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero de 1989, durante el derrocamiento del ex dictador Alfredo Stroessner.
A criterio de Mario Abdo Benítez existen fundamentos suficientes para la objeción total del citado proyecto. De acuerdo al estudio realizado por los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, se observa que en el documento no está especificado a qué fuerza militar o policial debe ir la indemnización, pudiendo generar conflicto de interpretación en las entidades encargadas del cumplimiento de este mandato, en caso de ser promulgado.
El proyecto establecía que los herederos de gestores que perdieron la vida durante los combates desarrollados el 2 y 3 de febrero serán indemnizados con 3.000 jornales mínimos, equivalentes a G. 235.515.000.
Mientras que los que participaron directamente en los combates percibirán una indemnización equivalente a 2.000 (dos mil) jornales mínimos: G. 157.000.000.
En cuanto a la fuente de financiamiento, el proyecto también establecía que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Hacienda, abonaría las indemnizaciones que deberán ser previstas en el Presupuesto General de la Nación.
El documento vuelve nuevamente a Diputados.
