El pasado viernes, el juez Yoan Paul López decidió que el diputado colorado Miguel Cuevas siga preso, en la audiencia de revisión de medidas.
El ex titular de la Cámara de Diputados se encuentra privado de su libertad desde el pasado 15 de febrero. Está imputado por supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
La Fiscalía cree que Cuevas no puede justificar un monto de G. 1.705 millones.
Por el caso, su esposa Nancy Florentín de Cuevas fue procesada por supuesto cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso, mientras que su hijo está investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas. Ambos fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
AGUA TÓNICA. También el pasado viernes, el Ministerio Público imputó a la ex titular de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio y a otras 21 personas, luego de las presuntas irregularidades y sobrefacturaciones detectadas en la compra de mascarillas y agua tónica, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Samudio, amiga y protegida del presidente Abdo, fue procesada por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autora, mientras que las demás personas fueron imputadas bajo la misma figura, pero en calidad de cómplices.
A raíz de las denuncias de sobrefacturación, la Fiscalía realizó varios allanamientos en oficinas administrativas de Petropar en Asunción y en la sede central, como también en la firma Solumedic SA, que proveyó 5.000 unidades de agua tónica a G. 5.000 cada una.
En el caso de las mascarillas N95 de la empresa Solumedic SA, la adquisición fue documentada sin que hayan ingresado los insumos a la institución.
Entre tanto, de las 5.000 botellas de agua tónica que se adquirieron, solo 3.000 ingresaron a Petropar, según la investigación fiscal. El perjuicio patrimonial total habría sido de G. 134.500.000.
MASCARILLAS. Un mes antes de que tanto Cuevas como Samudio estén en el ojo de la tormenta, era Édgar Melgarejo, amigo y cercano al mandatario, quien sufría un duro revés al ser imputado por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por la supuesta compra irregular de tapabocas.
Melgarejo renunció a la Dinac tras ser vinculado en una compra de 4.000 mascarillas a G. 29.990 cada una. Las denuncias desencadenaron en una investigación penal ante la sospecha de una supuesta sobrefacturación.
La investigación comenzó luego de varias publicaciones y reclamos en redes sociales sobre los altos costos de los insumos adquiridos.