Un hecho puntual es que evita asumir una postura firme con los dirigentes de su propio movimiento político, Colorado Añetete, que aparecen involucrados en presuntos actos delictivos, procesados o investigados por la Justicia, como el diputado Ulises Quintana, imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, actualmente nuevamente preso en Viñas Cué y con posibilidades de sufrir la pérdida de investidura, o el diputado Miguel Cuevas, ex presidente de la Cámara de Diputados, imputado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
Cada vez que se le pregunta sobre estos y otros casos de miembros de su entorno, el presidente Abdo Benítez responde que están en manos de la Justicia y que él no quiere inmiscuirse en asuntos de otros poderes, olvidando que él es el líder del movimiento político al cual pertenecen los acusados de corrupción; y tampoco evita que acudan al Palacio de Gobierno y se tomen fotografías en su compañía, lo cual se interpreta como un apoyo explícito a quienes aparecen muy cuestionados por la ciudadanía, denunciados en investigaciones de prensa y en la mira de la Justicia.
Actualmente, el jefe de Estado se encuentra de regreso de Estados Unidos, luego de una histórica entrevista con el presidente Donald Trump, con quien avanzó en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, específicamente contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Sin embargo, el Ejecutivo, al igual que la Fiscalía y la Justicia han hecho muy poco por avanzar en las investigaciones sobre graves casos detectados por la Justicia brasileña sobre casas de cambio y personas que desde hace tiempo presuntamente actúan en operaciones ilícitas en territorio paraguayo.
También se muestra muy flojo el presidente al conocerse que el Ministerio de Hacienda pagó recientemente un aguinaldo extra de más de 4 millones de guaraníes a cada funcionario, disfrazado como “subsidio familiar”, en total cerca de 9.000 millones, y liberando los recursos para que más de 20 entidades públicas hagan lo mismo. Mientras el Gobierno insiste en que no hay dinero y llama a la austeridad, determinando recortes en sensibles áreas sociales que afectan a la población más humilde, permite que se lleve a cabo este impune derroche del dinero público en favor de una casta de privilegiados funcionarios del Estado, favoreciendo que se mantenga la inequidad.
Son estas y otras acciones las que demuestran que el presidente de la República se muestra muy flojo ante la corrupción, a pesar de los contradictorios discursos que pretenden mostrar otra imagen. Una incoherencia que se debe corregir.