Hace unos días, nuestro diario se hacía eco del quebranto de los pobladores de Puerto La Esperanza (ex Puerto Sastre), a raíz del peligroso estado del puente Loma Clavel, crucial para el desplazamiento de personas y vehículos. La movediza superficie de madera vieja, en cualquier momento, puede causar una gran desgracia porque la Gobernación ha sido incapaz de obligar a la empresa contratada a terminar la infraestructura de hormigón que dejó a medio hacer.
Por otro lado, también publicábamos que un sacerdote vietnamita que trabajó como misionero en Bahía Negra se quejaba amargamente de la situación de abandono en la que se encuentra aquella comunidad cercana a límites con Bolivia y Brasil que ni siquiera cuenta con energía eléctrica de la ANDE.
Esas dos circunstancias son un reflejo de lo que ocurre en el resto de un departamento donde ni el gobernador José Domingo Adorno ni la diputada departamental Marlene Ocampos –ex gobernadora– hacen lo suficiente para sacar a esa región de la pobreza extrema. Es cierto que sus predecesores tampoco trabajaron para revertir el infortunio de la zona, pero eso no es consuelo para los que día a día sufren las apremiantes necesidades. El problema del Alto Paraguay no es fácil. Su territorio es de 82.000 kilómetros cuadrados. Apenas tiene alrededor de 20.000 habitantes. La densidad poblacional es de tan solo 0,3%.
En ese espacio inmenso donde el río Paraguay es la vía de comunicación más potable, los caminos –si existen– están en deplorables condiciones; la educación enfrenta grados de deserción que llegan al 50%, la salud en su casi totalidad queda en manos de la Providencia, la pesca ya no es fuente de sustento diario porque depredadores brasileños vacían lo poco que queda de la fauna ictícola.
A ello hay que sumar que en los últimos años a la ganadería tradicional se han añadido cultivos de soja, sorgo y caña dulce de colonos generalmente brasileños que talan de manera inmisericorde los escasos bosques, con los consecuentes problemas medioambientales que han empezado a agregarse a los ya existentes en la región.
Ante esta realidad es necesario que el Gobierno Nacional, desde la Secretaría Técnica de Planificación en coordinación con la Gobernación y los municipios del departamento, le preste atención a este departamento olvidado y marginado. No es posible que sus habitantes continúen acorralados por la pobreza. Sus derechos humanos reclaman condiciones de vida dignas.