29 mar. 2024

A 18 años del siniestro, víctimas de Ycuá Bolaños continúan sin cobrar

El Tribunal de Sentencia intimó a la Contaduría a que pague a dos víctimas; caso contrario, los denunciará por desacato. Ministro Eugenio Jiménez dice que la intimación va contra la legislación.

Pese a que pasaron 18 años del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, aún quedan una veintena de personas que no recibieron la reparación del daño social. Ahora, el Tribunal de Sentencia intimó a la Contaduría para que pague a dos de las víctimas; caso contrario, remitirá los antecedentes a la Fiscalía por desacato.

Sin embargo, durante la sesión del pleno de la Corte, el ministro Eugenio Jiménez, encargado de la Contaduría de Tribunales, señaló que la intimación del Tribunal de Sentencia iba en contra del ordenamiento jurídico, al priorizar a una persona por los demás acreedores.

En el caso Ycuá Bolaños, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Cándida Fleitas González, Laura Ocampos y María Fernanda García de Zúñiga, intimó a la Contaduría General de Tribunales para la transferencia y pago de la suma establecida para la reparación del daño y accesorios de dos víctimas de la tragedia del Ycuá Bolaños.

Se trata de Cinthya Letizia Méndez viuda de Segovia y Dolores Concepción Jara, por la suma de G. 330 millones para cada una. Esto, porque ambas víctimas recurrieron ante el Tribunal de Apelación de Paraguarí, en queja por retardo de Justicia, ya que las juezas no resolvían el pedido de pago a las víctimas.

Así, el Tribunal de Apelación, por resolución, emplazó por diez días a las juezas para que resolvieran los pedidos de embargo ejecutivo.

Con ello, se dio la intimación a la Contaduría de Tribunales, bajo apercibimiento por el plazo de 72 horas, para que levantara el embargo ejecutivo trabado en la cuenta judicial, hasta cubrir la citada suma y que el dinero sea transferido a la cuenta a nombre del juicio.

Según el abogado de los afectados, José Lima Torres, la cuenta judicial embargada, según resolvió el Tribunal de Apelación de Paraguarí, es exclusivamente para el pago de la reparación del daño para las víctimas.

MINISTRO. La intimación a la Contaduría General de los Tribunales fue mencionada por parte del ministro Eugenio Jiménez, quien señaló que la intimación de los jueces donde privilegiaba a un acreedor sobre los otros embargantes iba contra el ordenamiento jurídico.

Incluso, los ministros señalaron que iban a realizar un pedido de informes al Tribunal de Sentencia para conocer los detalles sobre la intimación que se realizó, bajo apercibimiento de la denuncia ante el Ministerio Público por presunto desacato.

Durante la presidencia del ministro Eugenio Jiménez, justamente, se habían destrabado los embargos, y varias de las víctimas pudieron finalmente percibir las sumas en concepto de reparación del daño social. Es por eso que las palabras del ministro Jiménez dejaron desconcertadas a las víctimas, según Lima Torres.

Mayor tragedia en tiempos de paz

El incendio del Ycuá Bolaños, que estaba en Artigas y Santísima Trinidad, ocurrió el 1 de agosto del 2004. Oficialmente murieron 327 personas, unas 400 según las víctimas, y alrededor de 500 quedaron heridas. En el caso, la investigación se dividió en los propietarios y guardias, el constructor y la Municipalidad. Condenaron a Juan Pío Paiva, a 12 años; a su hijo Daniel Paiva, a 10 años; al guardia Daniel Areco, a 5 años; al accionista Humberto Casaccia, a 2 años, y al arquitecto Bernardo Ismachoviez, a 2 años.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.