Mientras la gente común, cómo diría el diputado liberal Carlos Portillo, debe enfrentar diariamente la creciente inseguridad en las calles, los parlamentarios suman a su larga lista de privilegios los custodios personales.
Justamente Portillo es uno de los beneficiados con la guardia privada. En la Cámara de Diputados, 48 de los 80 legisladores cuentan con agentes de la Policía Nacional designados como guardias particulares, que en la mayoría de los casos hacen de chofer los parlamentarios, función que no les corresponde.
Un total de 167 efectivos policiales cumplen funciones en la Cámara Baja, 116 son custodios personales y 51 son internos (quedan en la sede parlamentaria).
La cantidad de policías designados a cada legislador varía. En algunos casos, un diputado tiene solamente un agente a su cargo, mientras que otros tienen hasta cinco, como es el caso del liberal Sergio Rojas. En el grupo de los que tienen cuatro guardias, se encuentra el imputado por el Ministerio Público, el cartista Tomás Rivas; el investigado Esteban Samaniego (ANR), y el recientemente electo presidente de la Cámara, Pedro Alliana, también colorado.
El año pasado, el número de efectivos designados a Diputados era de 178 agentes y ante la indignación que causó en la ciudadanía esta situación, se redujo el número. Sin embargo, apenas hay 11 efectivos menos.
En las últimas semanas, con el conflicto que se generó con la seguridad privada en el Instituto de Previsión Social (IPS), más efectivos policiales fueron designados a dicho ente, dejando aún más desprotegida las calles, y por ende, a la ciudadanía en general.
Si los legisladores no tuvieran los policías como custodios particulares, habría más de ellos a disposición de la seguridad ciudadana. Si bien la Policía no puede desentender a las autoridades democráticamente electas, se cuestiona la cantidad de efectivos destinados a este efecto.
