Quizás por esa razón y luego de un enorme esfuerzo que implica casi pecar de ingenuo –si no de tonto–, quiero cerrar este abominable 2019 esbozando algunas razones por las que creo que, pese a todo, el 2020 puede llegar a ser un año mejor.
La primera es que (todo hace suponer que es así) lo peor de la crisis económica ya pasó. No habrá un rebote espectacular, ciertamente, sino apenas un crecimiento moderado de entre el tres y el cuatro por ciento. No es ni de cerca lo que necesitamos, pero nos dará oxígeno para retomar el debate sobre las reformas de fondo (las que sí permitirán un crecimiento vigoroso), y sin esa desesperación y angustia que caracterizaron a este año.
La segunda es que tres de esas reformas de fondo ya están planteadas, aunque muy básicamente, desde el propio Gobierno: la revisión y reestructuración del gasto público, la creación de una carrera de la función pública unificada y la transformación de la educación.
Empiezo por la última, que es, de lejos, la más importante. Lo que existe es muy básico, pero no por ello menos importante. Se contrató finalmente a dos universidades de primer nivel, la Columbia University, de Nueva York, y la Universidad Católica de Chile, como cooperadores académicos para iniciar el debate a nivel nacional sobre qué tipo de educación necesitamos. Estas cooperadoras no nos dirán qué tenemos que cambiar, solo guiarán el proceso en el que investigadores nacionales e internacionales, docentes, padres y alumnos buscarán acordar a través del diálogo organizado un nuevo modelo, cuyo plan de aplicación deberá ser rubricado en un acuerdo nacional, suscrito entre la sociedad civil y los partidos políticos.
Se trata del mayor desafío de nuestra historia reciente. Será un proceso cargado de polémicas, con avances y retrocesos, pero de cuya definición dependerá que podamos pegar un salto de calidad o que debamos resignarnos a seguir para siempre en la periferia del subdesarrollo.
El siguiente reto es la creación de una carrera unificada de la función pública. Creo que todas las polémicas que se desataron este año, en torno a los beneficios extraordinarios y urticantes que ostentan unos pocos o a la arbitrariedad con que se establecen los salarios del personal público, crearon el escenario propicio para forzar en 2020 un estudio serio y honesto del caso, a nivel político y legislativo.
Es casi imposible cambiar las reglas para quienes ya están hoy en planilla; pero, en los próximos años, casi la mitad del personal habrá alcanzado la edad para jubilarse. Tenemos pues la oportunidad histórica de que, quienes ingresen a partir de ahora a la nómina, lo hagan bajo nuevas reglas, por concurso y solo si el Estado necesita llenar la vacancia.
Sobre el gasto público, solo puedo decir que actualmente hay mucha más información como para iniciar desde ya la reestructuración del Presupuesto del 2021, eliminando esta vez cualquier erogación innecesaria. No hace falta esperar a setiembre. Las comisiones legislativas deberían empezar a trabajar con Hacienda sobre este documento desde inicios de año.
La cuarta gran oportunidad de 2020 tiene que ver con el Poder Judicial. En el año habrá que elegir dos nuevos ministros de Corte. Las últimas elecciones fueron esperanzadoras. Si la sociedad civil logra forzar la selección de buenos candidatos, podríamos tener finalmente una mayoría de magistrados que estén a la altura del cargo. Y ese puede ser el inicio de una lenta y seguramente engorrosa, pero absolutamente necesaria depuración de la Justicia.
Por supuesto que todo esto deberá hacerse en medio de la guerra implacable que se desatará entre todas las facciones políticas por ocupar municipios y concejalías, la resistencia salvaje de los delincuentes de siempre y los de turno para que todo siga igual, y las distracciones habituales con polémicas sobre religión, ideología, fútbol y la inseguridad nuestra de cada día.
Será muy difícil, pero no podemos tirar la toalla. Como decía mi finado padre, algo tendremos que hacer.
