Es el caso de los hermanos Óscar y Ramón González Daher, del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, del diputado colorado Ulises Quintana, todos ellos presos, y también del senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, del ex presidente de Diputados Miguel Cuevas, del diputado colorado Tomás Rivas, quienes están a la espera de próximos juicios por acusaciones de presuntos delitos de corrupción, o del ex presidente de la República Horacio Cartes, quien, aunque logró levantar una orden de detención de la Justicia brasileña a través de un recurso de hábeas corpus, sigue enfrentado un procesamiento judicial y un pedido de condena por presuntamente haber integrado y financiado la organización criminal de su ex socio y “hermano del alma”, el Doleiro (lavador de dinero) Darío Messer, vinculado al Operativo Lava Jato en Brasil.
Esta situación, que ha marcado en gran parte al año que hoy concluye, implica que se han registrado algunos esperanzadores avances en la lucha contra la endémica corrupción. Ver que algunos feudos políticos y verdaderos imperios de actos delictivos, como el de los González Daher en Luque y el Departamento Central, o el de los Zacarías Irún en Ciudad del Este y gran parte del Alto Paraná, han comenzado a ser desmantelados, significan puntos positivos para la Justicia, la transparencia y el fortalecimiento del sistema democrático.
Sin embargo, hay que destacar que estos logros obedecen más a la presión ejercida por las insistentes denuncias periodísticas sobre estos y a las movilizaciones de sectores ciudadanos, favorecidos por las divisiones coyunturales al interior del partido de gobierno, que a una verdadera voluntad de acabar con la corrupción. Ello se puede deducir de la actitud corporativa de la mayoría de los miembros de las cámaras de Diputados y Senadores, que siguen actuando como cómplices y protectores de sus pares procesados, acusados o investigados por hechos delictivos y solamente acceden a retirar los fueros o incluso a privar a los mismos de su investidura cuando ya se ven muy presionados por la ciudadanía. Actualmente siguen defendiendo a capa y espada a sus colegas como el diputado liberal Carlos Portillo o al colorado Tomás Rivas.
También se percibió la complicidad con algunos poderosos de parte de organismos gubernamentales, o de la misma Fiscalía y la Justicia, que no movieron un dedo para investigar a las casas de cambio y a los involucrados en redes internacionales de lavado de dinero en el caso Messer, como al ex presidente Horacio Cartes, a pesar de las evidencias sostenidas por la Justicia brasileña. Mientras estos nexos no sean cortados, será difícil creer en una verdadera voluntad de derrotar a la corrupción endémica que sigue devorando al Paraguay.