Un total de 136 países acordaron ayer un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir de 2023, un hito que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre países por sus impuestos.
El “histórico” pacto “redistribuirá a países de todo el mundo más de 125.000 millones de dólares en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo”, anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta medida, promovida por la organización con sede en París, recibió un impulso decisivo con la llegada en enero de Joe Biden a la Casa Blanca, que se plasmó en un primer acuerdo a mediados de año que acabó de perfilarse este viernes.
“El acuerdo de hoy representa un logro único en una generación para la diplomacia económica. Hemos convertido las incansables negociaciones en décadas de mayor prosperidad”, se felicitó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.
Solo 4 de las 140 jurisdicciones involucradas en las conversaciones no se sumaron finalmente a la iniciativa –Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka–, aunque sí se consiguió en la recta final los apoyos de Irlanda, Estonia y Hungría.
El visto bueno de Irlanda no es baladí. Dublín acoge las sedes europeas de los gigantes norteamericanos de internet como Facebook, Google y Apple, ya que cuenta con uno de los impuestos de sociedades más bajo del mundo, en el 12,5%. “Todos los países del G20, todos los de la Unión Europea y todos los de la OCDE han dado su visto bueno a la propuesta, que se presentará a fines de mes a los mandatarios del G20 en Roma”, celebró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
La medida se estructura en dos pilares. Uno de ellos es un tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas con más de 750 millones de euros anuales (867 millones de dólares) de facturación. Para lograr el apoyo de Irlanda, se eliminó la referencia a al menos 15% de la propuesta inicial. El otro pilar busca que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando así las controvertidas prácticas de optimización fiscal. Esta medida se aplicará a las multinacionales cuya facturación mundial supere los 20.000 millones de euros (unos 23.000 millones de dólares) y cuya rentabilidad sea superior al 10%. Se gravarán así el 25% de los beneficios en este apartado.