Iván Duque, ex presidente de Colombia, visitó recientemente el país para disertar sobre América Latina en el Contexto Geopolítico; y en una entrevista concedida al programa Políticamente Yncorrecto, por Telefuturo, se refirió al asesinato del fiscal especializado en crimen organizado Marcelo Pecci, acribillado el 10 de mayo en las playas de Cartagena de Indias, Colombia.
Afirmó, entre otras cuestiones que, si se tomaban las previsiones de seguridad otra hubiera sido la historia. “Eso a uno le duele. Es una vida que se hubiera podido salvar. Por supuesto, quienes están en este crimen son miembros de estructuras de narcotráfico transnacional”, dijo.
El ex mandatario explicó que la experiencia señala que el crimen organizado es muy poderoso, y que el atentado contra Pecci no fue algo improvisado; señalando con esto el grado de sofisticación que ha alcanzado el crimen organizado para perpetrar sus crímenes.
Asimismo, se ratificó una vez más en el hecho de que no fueron informados, por parte del fiscal Pecci o de la Fiscalía de Paraguay, de su decisión de visitar Colombia.
Uno de los comentarios de Duque ayudará sin dudas a la reflexión. Cuando pone énfasis en la necesidad de que haya condena ejemplar a los autores, intelectuales y materiales, del asesinato del fiscal Marcelo Pecci y recuerda que Colombia ha logrado, en menos de 30 días, capturar a los responsables y llevarlos a la Justicia. Con la experiencia que ha vivido aquel país este hecho señala la necesidad de que las instituciones sean realmente eficientes.
A nuestro país todavía le falta mucho para alcanzar esos niveles de eficiencia, y en ese sentido no se pueden desdeñar las cooperaciones para aprender el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Esa pelea deberá darse en todas las instancias y debe comenzar por asumir que uno de los principales problemas que tiene Paraguay es la complacencia de que gozan las mafias de parte de las autoridades. Los errores que fueron señalados en el proceso del operativo A Ultranza, relativos a una supuesta inacción fiscal en el caso, son una muestra de ello.
Se debe aprender de las lecciones aprendidas por países que vivieron la misma problemática, pues como apuntó el ex mandatario colombiano: “Con el narcotráfico no se puede negociar. Hay que mantenerlo bajo presión y hacer extinción de dominio, erradicación, interdicción y romper las cadenas de lavados de activos, captura y extradición”.
Es hora de que en el Paraguay se coloquen los límites definitivos al poderío y la influencia del narcotráfico y del crimen organizado. Si no lo hacemos a tiempo, la violencia cuyos brotes han comenzado a invadir nuestra cotidianidad como ya hemos presenciado en más de una tragedia, se volverá cada vez más despiadada y afectará cada vez más a la población, que verá significativamente disminuida su calidad de vida como víctimas casuales de una situación inaceptable.
Cuando los grupos criminales someten a la ciudadanía y al Gobierno al miedo, y se convierten en los actores que imponen las reglas y condicionan el comportamiento social, se genera lo que los expertos denominan como gobernanza criminal. A esto se llega también teniendo autoridades que son complacientes con los delincuentes y están comprometidas con el crimen organizado.
Ese es precisamente el punto que se debe evitar, pues desde ahí es difícil, si no imposible, el retorno. Para ello en el Paraguay es tan necesario como urgente reforzar nuestra institucionalidad, es la única opción para evitar que nuestro sistema democrático sea reemplazado por alguna forma de gobierno regido por narcos y mafiosos.
