Los titulares de los medios de comunicación reproducen casi a diario una realidad que está peligrosamente camino a ser normalizada: la acción de los sicarios. “Otro caso de sicariato” es un titular al que de a poco la población se ha obligado a acostumbrarse.
El fenómeno no es nuevo. El caso que más impacto mediático tuvo sucedió hace 31 años, un 26 de abril de 1991, cuando el periodista Santiago Leguizamón fue baleado en la ciudad de Pedro Juan Caballero; tres décadas después ya son 20 los periodistas asesinados por sicarios.
Los datos que prueban el crecimiento de esta actividad son abrumadores: entre los años 2017 y 2020 hubo 8 muertes a manos de asesinos a sueldo. De estas ocho muertes pasamos a 113 en los primeros ocho meses del año 2021; y en lo que va del 2022 se alcanzó un total de 139 casos. Los homicidios por encargo ya representan más de un tercio de todos los homicidios registrados en el país.
La palabra sicario proviene etimológicamente de “sicarii”, plural latino de sicarius, que relaciona una daga o espada corta llamada “sica”, que era usada por los asesinos en el antiguo Imperio Romano pues se ocultaba bajo la túnica. La actividad estuvo vinculada en sus principios a la política, pero su actual auge está relacionado con el narcotráfico. En Latinoamérica, el término fue popularizado en Colombia en los 80, cuando el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, reclutó a jóvenes de barrios pobres y los empleó como asesinos.
En nuestro país, hasta no hace mucho, los casos de ajusticiamientos a manos de sicarios eran ajustes de cuentas entre miembros de bandas de narcotraficantes, particularmente en ciudades fronterizas. Sin embargo, con el correr de los años, la impunidad y el fracaso del Gobierno en el combate al narcotráfico, el crimen organizado extendió su territorio a todo el país y con él se extendió la actividad de los sicarios.
En setiembre de 2021, en San Lorenzo, sicarios mataron al capitán de navío Humberto Ismael Fleitas Giménez, jefe de Estado Mayor del Arsenal de Marina de la Armada; ese mismo mes, sicarios asesinaron al empresario Mauricio Schwartzman frente a su domicilio del barrio Jara en Asunción; y en octubre, Jorge Fernando Miranda Ayala fue acribillado mientras jugaba fútbol en una cancha, en el barrio San Pablo de Asunción. Por la acción de sicarios murieron la hija del gobernador del Amambay, Cristina Vita Aranda en San Bernardino, en medio de un concierto; el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, y más recientemente el periodista Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero.
“El sicariato está matando la vida social y política de nuestro país”, afirmaba en una entrevista el abogado e investigador Jorge Rolón Luna, y subraya el riesgo de que la industria de las muertes por encargo deje de ser exclusivamente un mecanismo utilizado por narcotraficantes, y se convierta en un fenómeno autónomo al que se recurre para la solución de conflictos.
Si no se toman medidas urgentes no será posible establecer límites a esta situación. El sicariato ha crecido no solamente por el “éxito” del narcotráfico, recordemos siempre que Paraguay se ha consolidado como un eslabón importante en la cadena del narcotráfico para el envío de cocaína a Europa, sino fundamental debido a un sistema de impunidad que lo protege.
Se debe entender sobre todo que la impunidad con que actúa el crimen organizado se debe a la influencia que ha obtenido con el dinero sucio en la política, y que también ha ingresado en nuestras instituciones. El sicariato es una de las manifestaciones de que el sistema democrático y el mismo Estado paraguayo están en peligro.