Una ola de indignación ciudadana se manifestó en los medios de comunicación –y especialmente en las redes sociales en internet–, luego de que la gran mayoría de los diputados hayan aprobado aceleradamente en la sesión del miércoles un proyecto de ampliación presupuestaria de G. 12.000 millones, G. 8.800 millones de los cuales son para conceder un tercer aguinaldo a unos 1.300 funcionarios de la Cámara de Diputados.
En total fueron 69 los diputados que votaron a favor y solamente dos lo hicieron en contra (Hugo Rubin, del Encuentro Nacional, y Ramón Duarte, del Frente Guasu), aunque posteriormente algunos se mostraron arrepentidos de haber avalado el proyecto y argumentaron que no lo habían analizado adecuadamente.
La decisión tomada por los diputados constituye una nueva bofetada para la ciudadanía, porque profundiza la brecha entre una élite de funcionarios del Estado, que ganan altos salarios y gozan cada vez de mayores beneficios, mientras una gran mayoría de trabajadores solo accede a un salario y a un aguinaldo básico, y muchos que laboran en el sector informal no acceden a ningún beneficio, pero igual deben aportar los recursos de donde sale el dinero para financiar los privilegios.
Que los funcionarios públicos cobren tres o más aguinaldos al año y perciban cuantiosos beneficios, mientras, por otra parte, hay niños y niñas que siguen dando clases bajo los árboles o bajo carpas, o se siguen desmoronando los techos y las paredes de muchas escuelas y colegios, marca un contraste que genera justa indignación.
La gran generosidad demostrada por los legisladores, utilizando el dinero del pueblo, resulta todavía más chocante, si se tiene en cuenta que muchos de quienes se favorecen han ingresado a la función pública gracias a favoritismos políticos, beneficiándose con el padrinazgo de muchos diputados y senadores, y sin haber demostrado hasta ahora un destacado rendimiento en sus funciones que justifiquen el extraordinario premio que se les brinde.
Por el contrario, son numerosos los ejemplos de utilización irregular o ilegal de los rubros salariales y beneficios laborales otorgados en el Poder Legislativo, como los célebres casos de la niñera de oro del senador Víctor Bogado, o los caseros del diputado José María Ibáñez, o los varios salarios de la médica Perlita Paredes, sin olvidar los casos del jefe de fotocopias o de los ascensoristas de oro, algunos que llevan años denunciados ante la Justicia, pero que siguen en total impunidad en base a chicanas, ante la inoperancia o la complicidad fiscal y judicial.
Es de esperar que los legisladores dejen de lado el desatino y puedan revertir esta impopular medida política, por el bien de la democracia.