En reiteradas ocasiones hemos escuchado cómo los secretarios de Estado, los asesores del presidente o hasta el mismo Cartes, han hecho alarde de la transparencia del Gobierno paraguayo. Y no solo localmente, sino también en encuentros internacionales.
De acuerdo con los conceptos de la organización Transparency International, la transparencia consiste en sacar a luz pública las reglas, los planes, procesos y acciones del Estado. Es saber por qué, cómo, qué y cuánto.
La transparencia garantiza que los funcionarios públicos, gerentes estatales y hasta los empresarios actúen de forma visible e informen sobre sus actos o actividades, siempre según el organismo. Pero, por sobre todo, significa que el ciudadano común, que aporta directa o indirectamente, pueda exigir cuentas, como una de las formas más seguras de protegerse contra la corrupción.
Y es justamente en ese sentido que, según el índice de percepción de la corrupción, Transparency International ubicó a nuestro país en el puesto 135 en un ránking de 180 países.
Habiendo dicho eso, es notoria la contradicción entre lo que dice el Gobierno y lo que realmente siente la gente.
Haciendo un repaso a los logros de esta Administración, se puede decir, sin duda, que los portales webs y las oficinas de información pública se convirtieron en un gran avance para conocer y analizar la información pública.
Pero obviamente no es suficiente. Si bien en la mayoría de estos portales se pueden encontrar reportes sobre la cantidad de funcionarios y sus sueldos, pocas entidades –siendo generosos– hacen realmente una rendición de cuentas. Cuánto dinero público se ha gastado, en qué, cuándo, cómo y por qué.
La transparencia va más allá de portales u oficinas. Es explicarle a la gente cómo Juan Carlos López Moreira, secretario general de la Presidencia, obtuvo millonarios contratos para asegurar obras del Estado, o cómo una de sus empresas se convirtió en el mayor buscador de petróleo en el país.
Significa contarle al ciudadano cómo la empresa del papá de Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras, fue premiada con la extensión del contrato de Tape Porã, o recientemente con la concesión del puerto de Concepción.
Y, sin duda, es aclararle al contribuyente, ¿de dónde el Fisco sacó los USD 11,5 millones para pagar los aguinaldos extras a los funcionarios antes de las internas de diciembre pasado, siendo este un Estado deficitario año tras año? Son solo algunas de las respuestas que hasta ahora seguimos esperando, en honor a la transparencia.
