Eduardo Davis - EFE
“No podemos seguir aceptando pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable que estemos enterrando madres y padres de familia, trabajadores, policías, niños y niñas, y que veamos barrios enteros sitiados, con sus escuelas bajo la mira de fusiles”, declaró Temer tras firmar la medida, inédita en la historia de Brasil.
Esa frase del presidente fue casi una fotografía de la cotidianidad de la población carioca, que es víctima desde hace más de un año de una creciente e indiscriminada violencia urbana que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y 10 niños, muchos alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
La decisión de decretar la intervención federal fue adoptada tres días después del fin del carnaval, la fiesta popular más importante de Brasil y, en particular, de Río de Janeiro, donde este año se vio manchada por numerosos y graves episodios de violencia, incluso en los alrededores del popular y vigilado Sambódromo.
Antes de llegar a este extremo, el Gobierno ya había desplegado a mediados del año pasado a 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, pero con áreas de actuación limitadas y que fueron insuficientes para devolver la tranquilidad a una ciudad que es “la cara” de Brasil ante el mundo.
“Ustedes saben que el crimen organizado casi se apropió del estado de Río de Janeiro”, en una “metástasis que se expande por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, dijo Temer en la ceremonia, acompañado por miembros de su gabinete y autoridades de la propia Río de Janeiro.
Según Temer, el decreto entra en vigor “inmediatamente”, pese a que deberá ser ratificado por el Parlamento por imperativos legales.
De acuerdo a la Constitución, las cámaras legislativas deberán ser convocadas para debatir la medida en un plazo de diez días, pero tanto la directiva de la Cámara de Diputados como del Senado ya han manifestado su respaldo a la decisión y anunciado que la estudiarán la semana próxima.
Temer explicó que adoptó esa “medida extrema porque todas las circunstancias así lo exigen” y aseguró que habrá “respuestas duras y firmes para enfrentar y derrotar al crimen” organizado.
La intervención federal fue aceptada por el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, quien esta semana admitió que las autoridades no estaban preparadas para garantizar la seguridad en el Carnaval, fiesta de la que incluso estuvo ausente el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, un evangélico crítico de esas celebraciones.
“Río de Janeiro tiene prisa, tiene urgencia. Nosotros solos, con la Policía Militarizada y la Policía Civil, no estamos consiguiendo detener la guerra entre las facciones (del narcotráfico) en nuestro estado”, declaró hoy Pezao, quien también asistió a la ceremonia en que fue firmado el decreto.
Temer también subrayó que la intervención federal, que en la práctica trasladará a las Fuerzas Armadas el comando de todas las áreas de seguridad pública en ese estado, abarcará también sectores como el presidiario y la vigilancia de las carreteras.
De hecho, tanto en Río de Janeiro como en el resto de Brasil muchas de las cárceles están en manos de bandas, muchas de ellas del narcotráfico, que por detrás de los muros de las prisiones dirigen y coordinan las actividades de delincuentes que operan en libertad.
“No veremos más avenidas con trincheras, los presidios dejarán de ser oficinas para los bandidos y nuestras plazas no serán más del crimen organizado”, sino que estarán reservados a “la gente honesta”, garantizó Temer, quien mañana viajará a Río de Janeiro para discutir la actuación de las Fuerzas Armadas durante la intervención.
