04 abr. 2026

Surgen nuevos conflictos sobre tierras en Canindeyú

La Policía Nacional debió movilizar a sus hombres desde inicios de este año para cubrir los focos de conflictos generados por las ocupaciones de tierras en diferentes comunidades del departamento de Canindeyú. Los líderes de las principales organizaciones manifestaron que intensificarán la lucha en este 2016, debido a que las autoridades hacen caso omiso a sus reclamos.

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Foto: Elías Cabral

Por Elías Cabral – Canindeyú

El miércoles de la semana pasada, unas 450 personas, todos miembros de la comisión sintierra 20 de Julio, ingresaron a una propiedad ubicada en la colonia Nueva Alianza del distrito de Yasy Cañy, donde instalaron precarias carpas con provisiones para resistir.

De acuerdo a las declaraciones del presidente de dicha organización, Prudencio Bogado Amarilla, desde hace buen tiempo vienen acampando frente al inmueble, esperando la intervención del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, de manera a verificar un excedente en la finca Nº 13, que sería de unas 650 hectáreas.

Cansados de no tener respuestas de parte de las autoridades, decidieron ingresar pacíficamente. A pesar de que la propiedad estaba bajo resguardo de personal de seguridad privada, no se pudo impedir la ocupación por la cantidad de personas.

Por eso se recurrió a la Policía Nacional que acudió al lugar, pero sin lograr que los labriegos abandonaran el sitio.

El juez de sentencia interino del Juzgado civil, laboral, de la niñez y la adolescencia de Curuguaty, Carlos Martínez, había otorgado un amparo constitucional a favor de la empresa MOFANA S.A. que sería de un colono Árabe, pero ante el requerimiento de la prensa sobre si existe realmente título de las fincas, el magistrado no respondió.

Ya en el siguiente día, la Policía tuvo que utilizar todos los métodos pacíficos para evitar enfrentamientos entre miembros de la comisión sintierra San Francisco, y pobladores de la colonia Mandu´ara, luego de que los sintierras intentaran ingresar a una propiedad.

Consideran que existe un excedente de 1001 hectáreas a fin de realizar una mensura judicial; finalmente, gracias al diálogo que encabezó el comisario principal Alberto Báez de la comisaría de Yasy Cañy, se pudo calmar los ánimos.

La organización sintierra que lidera Paulino Aguilera sostiene que en la colonia Mandu´ara 5ta línea existe un excedente de tierra, y que las mismas autoridades del Indert, a través de un mapa, reconocieron que existe sobrante.

Sin embargo, la comisión comunal encabezada por Ceferino Aquino sostiene que no existe ningún excedente en dicha comunidad. Al respecto, el intendente actual de Yasy Cañy, Blásido Villalba, dijo que hay documentos sobre unas 900 hectáreas que fueron destinadas para campo comunal, pero que desconoce algún sobrante en el lugar.

CAMPOS MOROMBÍ. Casi en forma simultánea, un contingente importante de policías encabezado por el fiscal Rolando Rivas ingresó a la reserva Campos Morombí ocupada por más de 300 labriegos desde hace varios meses, también con informaciones de que existiría un excedente en el sector del distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú.

El representante del Ministerio Público emplazó a los sintierras hasta mediados de esta semana para abandonar el predio, de lo contrario, se procedería al desalojo.

En ese mismo lugar se había constatado la tala indiscriminada de rollos que, llamativamente, luego del proceso judicial fueron entregados de vuelta a la firma Campos Morombí.

Otra situación tensa se vive en la Colonia 1º de Marzo dentro de la estancia Pindo, en el distrito de Ybyrarobana, donde 350 familias están asentadas con viviendas y cultivos e inclusive escuela.

A pesar de varios desalojos, los sintierras volvieron a ingresar, considerando que unas 5000 hectáreas fueron adjudicadas a un colono alemán en época de la dictadura a cambio de un avión en desuso, es decir, en forma irregular.

En el establecimiento se produjo la quema de casas, galpones y maquinarias durante un ataque al retiro el año pasado.

Finalmente, los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, quienes ocupan la propiedad desde hace 2 meses, dijeron que resistirán en el lugar a pesar de la ley promulgada donde consta que el inmueble será destinado a ser una reserva pública.

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