Hasta ahora menos de la mitad de los miles de estudiantes estafados por el Instituto Latinoamericano ha logrado reinsertarse en alguna de las 37 universidades y cinco institutos superiores que se ofrecieron como receptoras.
En un principio, las autoridades del Gobierno estimaban que al menos 8.000 personas resultaron afectadas con la clausura de dicha institución, la cual se concretó el 17 de junio de 2016.
“Se estima que los estafados fueron más. Pero, ya por decisiones particulares, muchos optaron por iniciar una carrera en otra universidad y no registrarse en el catastro”, valoró Cristhian Godoy, director de Normalización Académica del Viceministerio de Educación Superior.
En efecto, solo 2.300 alumnos se registraron en el catastro dispuesto en el marco del plan de reinserción llevado adelante por el MEC y Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). El 30% de ese total retomó sus estudios de nivel terciario en algunas de las entidades que cuentan con carreras legalmente habilitadas por el órgano regulador.
Lo cierto es que, de momento, son 700 estudiantes reubicados, de acuerdo con el reporte de la mitad de las instituciones receptoras. “Nosotros teníamos una expectativa mayor”, reconoció Godoy.
Pedro Vera, director general de Universidades e Institutos Superiores, manifestó que esperan que la cifra de reubicados se eleve por lo menos al 50%, una vez que reciban la respuesta de unas 20 universidades que aún no han comunicado el resultado del proceso de admisión.
Deserción. Vera no desecha la hipótesis de que muchos de los estafados hayan “abandonado la idea de tomar una carrera” o bien de “postergarla” para otro momento. Entiende que entre los motivos de la deserción se encuentra el factor económico: la diferencia de costos. “Fueron a una institución no reconocida en el ambiente, porque los costos eran menores. Pero una vez que está clausurada, tienen que ir a otras universidades, donde los costos son mayores”, comparó.
Indicó que se añade el “obstáculo académico” porque, tras rendir el examen de admisión, la entidad receptora puede ubicar en un curso inferior a uno que ya estaba por recibirse en la casa de estudios que fue clausurada.
Resta saber aún la totalidad de afectados que resultará de la reciente clausurada Universidad Privada del Guairá (UGP) y del Instituto Interregional, cuyo cierre está en etapa final.
