Según Guevara, no hubo ningún hecho de irregularidad, ya que antes de la creación de la Ley de Educación Superior el marco legal en el cual se desenvolvían los institutos superiores era que podían implementar sus propios planes y programas, teniendo potestad para habilitar carreras de forma interna y comunicar al Ministerio de Educación cuando se iba a registrar.
Refirió que el ex viceministro de Educación Superior, Gerardo Gómez, quien denunció las irregularidades, fue el mismo que autorizó el registro de títulos.
El proyecto de derogación tiene media sanción en la Cámara de Senadores y hoy debe ser tratado en la Cámara de Diputados.
El titular del Cones, Hildegardo González, y otros representantes afirman que la clausura del instituto ya no se puede evitar por las fallas administrativas cometidas desde falsificación de documentos hasta irregularidades académicas.