Para el gremio, se creó un escenario de “temor y amedrentamiento” en los funcionarios judiciales para ejercer sus derechos previsto en los artículos 96 y 98 de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema de Justicia dispuso el pasado viernes el descuento del salario por los días no trabajados a los funcionarios del Poder Judicial que se adhieran a la huelga que estaba prevista del 7 de noviembre al 9 de diciembre.
Los funcionarios piden aumento de 20% del salario y pago de seguro médico privado a unos 2.400 funcionarios contratados.
Para el sindicato de funcionarios, la resolución de la máxima instancia judicial viola los derechos de los funcionarios judiciales al ordenar a los magistrados a remitir la lista de los huelguistas a la Dirección General de Recursos Humanos.
“Este gremio se reserva el derecho de recurrir a organismos internacionales a los efectos de denunciar y pedir la medidas que correspondan ante estos actos de amedrentamiento y atropellos a la dignidad de los trabajadores judiciales”, expresa el escrito.
El sindicato de los funcionarios judiciales se declaró en asamblea permanente hasta tanto se realice una reunión con el ministro de Hacienda, Santiago Peña.