En el documento, los sindicalistas señalan que estos hechos afectan la imagen de la institución. Aclaran que es solo un grupo de funcionarios el que está a favor de pedir la destitución de Enrique García. Aseveran que el sindicato no tiene responsabilidad en el pedido.
Los funcionarios del organismo de control señalan que les parece “extraño” que se retomen las investigaciones en el caso Ivesur, justo después de que el contralor ordene una auditoria a varias instituciones públicas.
El fiscal Leonardi Guerrero presentó imputación contra el contralor. Tanto García como Julio Giménez y Rodolfo Duarte fueron imputados por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.
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Funcionarios de la Contraloría General de la República solicitaron que Enrique García, titular de la institución, se aparte del cargo mientras dure el proceso de investigación en su contra por irregularidades en su gestión anterior como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción.
Antecedentes.
El caso se había iniciado en el 2016. En ese tiempo, García era asesor jurídico de la Comuna. La empresa Ivesur ganó a la Comuna una demanda sobre indemnización por daños por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a la capital.
Cuando salió el fallo, el intendente Mario Ferreiro comunicó que la condena establece el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso. Como intentando minimizar, había remarcado que Ivesur pretendía USD 12 millones. La Comuna capitalina no presentó ninguna acción posterior a la condena.
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La causa había sido investigada en principio por la fiscala Nadine Portillo, quien fue separada de su cargo por el escándalo de los audios. Incluso, en uno de los audios filtrados ella comenta a Fernández Lippman que la pareja de Enrique García, Romina Rolón, le visitó para pedirle que beneficie al contralor.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, consideró que cuentan con los elementos necesarios para someter a un juicio político al contralor general de la República.
