ALTO PARANÁ
Se abre un nuevo capítulo en la disputa que mantienen la actual administración municipal de Hernandarias, a cargo del licenciado Rubén Rojas, y la Patrulla Caminera (PC) por los controles sobre la supercarretera Mariscal Francisco Solano López, que cruza todo el distrito.
La Comuna accionó judicialmente y logró una medida cautelar, prohibiendo a la Caminera realizar controles dentro del ejido urbano del distrito, pero fue apelada y quedó sin efecto. Es decir, vuelven los controles sobre la supercarretera. La Caminera fue notificada de esta situación el pasado 5 de agosto, a través del oficio judicial 817.
La resolución judicial en cuestión, firmada del juez Penal de Garantías de Hernandarias, abogado Silvio Rojas, fue revocada por la Cámara de Apelación, Primera Sala, integrada por Raúl Insaurralde, Isidro González y Marta Acosta. De esta nueva situación fueron notificados el pasado 23 de agosto el abogado Dionisio Mereles, director de Asuntos Jurídicos del MOPC, y la abogada Marian Rodas de Godoy. La notificación señala que el Tribunal de Apelación Penal Primera Sala, de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, ha dictado resolución por el auto interlocutorio (AI) número 136 de fecha 19 de agosto, que transcripta textualmente en su parte resolutiva dice: “1) Admitir el recurso de apelación interpuesto. 2) Revocar la resolución apelada, dejando sin efecto la medida cautelar, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. 3 Remitir los autos al juzgado de origen. 4) Anotar, registrar, notificar y remitir copia la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.
JUSTIFICACIÓN. El intendente municipal Rubén Rojas había justificado la posición de la Comuna, señalando que hay numerosas quejas de contra de los supuestos abusos cometidos por los agentes de la Caminera.
Rojas, en su carácter de intendente, insistió en que solicitó el amparo judicial, “debido a la constante queja de ciudadanos por el pedido de coima por parte de agentes de la Patrulla Caminera. La Municipalidad viene emprendiendo varias actividades para fomentar el desarrollo turístico e industrial en la ciudad; sin embargo, los controles extorsivos proyectan una imagen negativa de la región y genera hasta incluso temor a los extranjeros que visitan la zona, por lo que no quedó otro camino que accionar judicialmente”.
