Parecía que en este país nunca se iba a dar el caso de una renuncia formal e indeclinable de un funcionario público a su cargo y sus ganancias.
Y de pronto, gracias a la poderosa protesta estudiantil y a la publicación de los diversos fatos de un rector y varios decanos, se dieron 306 renuncias en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
De ese dramático modo, la institución pasó a ahorrar 1.355 millones de guaraníes al mes.
Pero como estas renuncias respondieron a una situación especial, no pueden ser tomadas como un signo ineluctable de que la vieja aversión a las renuncias a los cargos rentados ha llegado a su fin.
No es así, lastimosamente.
En casi todos los diarios, sin pausa casi, salen las trapisondas diversas de gente como los diputados.
En los mismos papeles salen las pruebas irrefutables de la ineptitud de algunos figurones que asisten al espectáculo de un país que se hunde (literalmente) atornillados a sus sillones y con sus ingresos mensuales asegurados por la indiferencia de quienes podrían sacudirles las posaderas a patada limpia, y la indignación aguada e inofensiva de una población que soporta todo, aún consciente de la estafa que eso representa.
En el Poder Judicial, una de las ministras gasta anualmente cerca de 300 millones de guaraníes solo en combustibles para los cuatro autos que le son proveídos por el Estado.
En una sociedad más decente, al publicarse la denuncia, la ministra habría tomado uno de estos caminos: salir al paso de la acusación, si es inocente. O, renunciar al cargo, si es culpable. Pero no.
Y en vez de esas candorosas posibilidades que barajé, la señora se aseguró la continuidad en el cargo hasta que la parca diga basta.
En el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el ministro liberal radical auténtico Alberto Ramírez Zambonini está capeando unas denuncias de fomento del planilleo y otras travesuras.
Ya salió un defensor oficioso que asegura que nadie puede sacarlo del cargo de ministro, pues si bien hay una denuncia, debe haber también una presunción de inocencia.
Okey, digamos que está bien.
Pero, ¿no ocupa Alberto Ramírez Zambonini un cargo para el cual no está habilitado, por carecer del título de doctor?
Es peor aún: ¿no incurrió el ministro Ramírez Zambonini en un delito severo cuando alguien le escribió la tesis doctoral, y luego resultó que él ni sabía sobre qué versaba la tesis?
Como puede verse en este breve aunque incompleto desfile, el frente antirenuncia sigue firme.