Los movimientos políticos que cometieron el delito de falsificar firmas de ciudadanos y ciudadanas para reunir las 12.000 de proponentes, necesarias a fin de obtener su reconocimiento por la Justicia Electoral, deben ser rechazados. Y no hay mucho que discutir al respecto. Cometieron un delito y los responsables deben ser procesados.
Si no, socialmente seguiremos habilitando a las corruptos e irresponsables a actuar con absoluta impunidad. En este caso, amparados por líderes inescrupulosos, antiguos, de turno y aspirantes, que no reparan los medios, con tal de alcanzar sus fines.
Además de denunciar el hecho y solicitar la anulación de las firmas falsas, esta es una oportunidad concreta para comenzar a cambiar las prácticas fraudulentas endémicas de la política nacional, y utilizar todos los recursos ciudadanos para poner en evidencia y someter al escarnio público a quienes desde sus orígenes ya están cometiendo trampas.
Este nuevo episodio vergonzoso que involucra a varios movimientos políticos que están solicitando su reconocimiento oficial ante la Justicia Electoral, para competir en las elecciones generales del 2018, debería escandalizarnos y generar un reproche generalizado. No solo por los que directamente se ven afectados por la situación, porque utilizan sin su consentimiento su nombre y firma, sino por los ciudadanos en general.
Si no, caeremos en la misma situación que se planteó cuando, en su afán de reelección, el presidente Cartes, utilizando la estructura del Partido Colorado, prendió impulsar la enmienda constitucional presentando 366.000 firmas. Entre ellas, más de 1.000 falsificadas.
El hecho fue denunciado por el Partido Liberal y duerme en la Fiscalía. Nadie está imputado.
Qué seriedad puede esperarse de movimientos políticos que promueven candidaturas a cargos electivos cuando toman a la ligera su propia formalización e incurren en artimañas. Peor aún, cometen un delito.
Si se toleran actuaciones torcidas como estas, las terminamos naturalizando y admitiendo como parte de la “picardía política” de la que ya nada nos sorprende. Este tipo de situaciones distraen de lo central de un proceso electoral, que son las propuestas, las candidaturas (actores electorales) y reglas claras y transparentes.
La Justicia Electoral tiene que ser muy celosa de mantener su credibilidad y velar por que todos estos elementos se conjuguen correctamente. Por eso no debe minimizar este tema de las firmas falsificadas. Debe tomar todos los recaudos para que el delito cometido sea juzgado y, por supuesto, no debería admitir a los movimientos que incurrieron en esta irregularidad.
