Por Carlos Aquino | San Pedro
Se trata de Edgardo Gabriel Cano Quiñónez, denunciado por su ex pareja, Camila Belén Sosa -madre de una niña de 1 año 6 meses-, por violencia familiar. El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre en una fiesta bailable, según la denuncia.
El hombre fue imputado por la fiscala Dominga Benítez quien también pidió su prisión; sin embargo, el juez de primera instancia, Edgardo Martínez, le otorgó medidas alternativas, resolución que fue apelada por el Ministerio Público.
El abogado defensor, Pascual Ocampos, recusó a todos los jueces de tres tribunales de sentencia con el argumento de que la madre de la denunciante trabaja en el Poder Judicial y podría influir en la decisión de los magistrados. No obstante, no reclamó cuando fue conformado el cuarto tribunal, esta vez integrado por los jueces Vicente Coronel, Rodney Rejalaga y Agapito Núñez. Llamativamente, los dos primeros votaron por la ratificación de la resolución del magistrado Martínez, mientras que Núñez votó en contra.
Para la Fiscalía no corresponde la medida porque cuenta con elementos contundentes para demostrar que el hecho ocurrió. Intentamos conocer la versión de los jueces Rejalaga y Coronel, pero se negaron a recibir a la prensa.
Edgardo Gabriel Cano Quiñónez se desempeña como director del Registro Electoral de San Pedro de Ycuamandyyu, con un salario de casi G. 4.000.000. Aparentemente, cuenta con poderosos padrinos políticos y, gracias a eso, pudo recusar a nueve jueces hasta conseguir un tribunal que ratificara la resolución del juez, que le favorecía.
Está en manos de la Corte Suprema definir si la recusación de los tres tribunales corresponde o no. La fiscala Dominga Benítez expresó que están estudiando los pasos a seguir ante este llamativo proceder de los jueces Coronel y Rejalaga.
Este no sería el único caso en donde los jueces otorgan medidas alternativas a imputados de casos graves y también desnuda la utilización abusiva de las chicanas por parte de algunos abogados buscando un tribunal a la medida.
