El Equipo Económico tiene en sus manos tomar una decisión que podría ser sencilla. Con el fin del clima electoral, decretar la suba de las tarifas de la energía eléctrica y del agua potable no tendría mayor castigo político para el Gobierno. Hasta cierto punto, es comprensible que la ANDE pida un reajuste de sus precios, considerando que requiere USD 4.000 millones para los próximos siete años, en el marco de su plan de inversiones.
No obstante, la comprensión se pone en duda cuando se revisan una serie de aspectos en los manejos de la empresa estatal. Para comenzar, la ANDE tiene un freezer de oro, escudado en el Plan de Cargos, Carreras y Salarios (PCC). Ex presidentes siguen cobrando elevados salarios, desde G. 30 millones en adelante, fungiendo como asesores del actual titular Víctor Romero.
Además, innumerables funcionarios, muchos de los cuales ocuparon altos cargos gerenciales, también están congelados. La explicación que dan desde la estatal es que al haber llegado a ostentar un puesto de gran importancia (como es el caso de la presidencia) resulta imposible que esa persona se rebaje al plano de los demás trabajadores. Cobrarán sus haberes hasta que se jubilen. La ANDE debería hacer un sinceramiento y determinar quiénes están aportando algo al funcionamiento de la entidad y si realmente ameritan cobrar hoy lo que están cobrando.
La compañía aún registra millonarias pérdidas por energía no facturada (por conexiones clandestinas, fallas técnicas y errores administrativos). A noviembre de 2015 el índice de pérdidas es de 25,52%. Significa USD 12.760.000 al mes y se traduce en un faltante de ingresos superior a los USD 153 millones anuales.
Asimismo, los clientes morosos adeudan más de USD 135 millones, USD 69,3 millones deben los usuarios particulares y USD 66,1 millones es la cuenta de las instituciones del Estado. Muchas de las oficinas estatales, en lugar de brindar jugosos beneficios a sus empleados, tendrían que pagar la cuenta de la luz.
Estos son solo algunos apartados en los que se podría trabajar para que la empresa tenga ahorros y una eficiente utilización de los recursos. También se puede revisar la tarifa preferencial, del 50%, que abonan los funcionarios de la ANDE más algunas de sus gratificaciones.
Pese a que el dinero que obtendría la empresa ajustando todas estas tuercas flojas no cubrirá toda su necesidad financiera para las obras de envergadura, la mejor gestión sí va a hacer que la ciudadanía no observe con tanto recelo el pedido de rebalanceo tarifario que se viene haciendo cada año. De última, si se aprueba el reajuste, deben ser los usuarios que más consumen los que más paguen por el servicio.
