Tras el encuentro mantenido ayer en la Unión Industrial Paraguaya (UIP) en torno a la discusión sobre el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones, empresarios, sindicalistas y miembros de las cajas coincidieron en que elevarán al Senado una nota en la que indican que rechazan completamente la eventual normativa.
Los representantes decidieron otorgar 8 días al Parlamento para contar con alguna respuesta, ya que, si no, comenzarán a manifestarse y se habló de grandes marchas en contra de alguna decisión contraria a sus intereses que pueda surgir del Senado.
Ese fue el tenor unánime en las intervenciones que los representantes de todos los sectores afectados por esta intención gubernamental de cambio en la administración de los fondos jubilatorios. Además, en otra nota a ser enviada a la Cámara Alta propondrán la conformación de una comisión bicameral, con inclusión del sector privado y los trabajadores, para estudiar un nuevo proyecto al respecto.
Así lo resumió al final de la reunión el ex presidente de la UIP, Eduardo Felippo, quien presidió el evento en el que se escucharon todas las voces del sector privado, además de los referentes principales de las centrales sindicales y de las cajas de jubilación.
Opinó que mejor sería que el nuevo Congreso y el Gobierno que arranque en agosto analicen el nuevo proyecto; mientras dijo entender la posición de los sindicalistas de acelerar las movilizaciones, pero solicitó cierta prudencia hasta que efectivamente se llegue a ese eventual momento en que se radicalicen las manifestaciones de rechazo.
“Tuvimos un diálogo excelente con ministra de Hacienda y con el director de IPS. Ellos están de acuerdo en que hay que dialogar; pero este es un proyecto mal parido y tiene demasiadas incongruencias y vericuetos legales que nos traerán problemas en el futuro”, sostuvo.
A criterio de Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A), se contemplarán todos los mecanismos y plazos para declarar, circunstancialmente, una huelga general, toda vez que no exista respuesta de parte de la Cámara de Senadores.
“Por de pronto, se preparan movilizaciones y este viernes habrá una reunión general para decidir qué día comenzarán las medidas de fuerza. Una vez que no tengamos ninguna respuesta, nos sentaremos a discutir y preparar todas las documentaciones, para que no nos califiquen de ilegal”, dijo.
Por su parte, Adelio Aquino, de Cajubi, resaltó que se necesita que el control de los fondos se centre en los verdaderos protagonistas, que son empleadores y trabajadores; mientras que Esteban Montanía, de la ANDE, advirtió que el Gobierno buscará dividirles en sus intenciones.
“La ministra (de Hacienda) se equivoca al decir que somos temerosos del control. No podemos permitir que actores políticos quieran venir a erigirse en autoridad moral para decirnos cómo administrar los fondos. El Estado debe USD 500 millones de aportes, nunca lo pagaron y con este proyecto se quiere desligar de la seguridad social”, sostuvo.