El cura fue acusado por la Fiscalía, en diciembre pasado, de abusar de dos monaguillos cuando era párroco de la vicaría Divino Espíritu, situada en el barrio San Vicente de Asunción. “Creo que es el primer caso de abuso sexual que lleva a juicio a un sacerdote en el país”, afirma la fiscala Clara Ruiz Díaz, quien se hizo cargo de la investigación en el 2015.
Aparte del Dr. Capurro, componen el tribunal de sentencia los jueces Gustavo Santander y Juan Carlos Zárate.
Tomando como base el testimonio de los menores y los informes victimológicos-sicológicos, Ruiz Díaz formuló acusación por abuso sexual de menores contra el padre Arévalos, conocido por sus fieles como pa’i Tani. De acuerdo a la representante del Ministerio Público “elementos sobran” para sostener la acusación.
“La declaración de los chicos ante cámara Gesell, además de los estudios victimológicos arrojan que fueron víctimas de abuso sexual”, expone sobre el hecho ocurrido en setiembre del 2013. A los padres –comenta– les llamó la atención de que sus hijos ya no querían ir a la iglesia y menos ingresar a la sacristía. “Eran monaguillos y por lo tanto los padres empezaron a averiguar y de a poco fueron contando”, relata.
La defensa de Arévalos presentó numerosos incidentes para no elevar la causa a juicio. “Presentaron varios incidentes procesales, trataron de recusarme alegando que había un fanatismo extremo de mi parte, y no se trata de eso si no más bien de que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir con otros chicos”, sostiene.
Insuficiente. El Código Penal Paraguayo en el artículo 135, sobre abuso sexual de menores, contempla hasta tres años de cárcel. “El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”, reza parte de ese apartado que en su modificación solo amplía la condena –hasta diez años– en caso de que haya existido coito.
“No creo que sea una pena justa porque le modifica de por vida a la víctima”, repara la fiscala a los tres años de expectativa de cárcel que le espera al cura de la congregación de misioneros redentoristas.
Arévalos cuenta con medidas alternativas a la prisión y restricción de salir del país. Mientras, debe presentare mensualmente ante el tribunal a cargo del Dr. Capurro.
La agente fiscal señala que desde el comienzo de la investigación penal, iniciada en diciembre del 2014 por su colega Viviana Riveros, el entonces imputado fue “prácticamente obligado” a prestar declaración indagatoria.
Compareció en tres ocasiones, prestando declaración en dos de ellas. Incluso, según la agente, se le convocó a una última audiencia a fin de poner a disposición todas las pruebas obrantes en su contra, antes de formular la acusación, pero no compareció.
Aberración. El abogado Ignacio Pane, que ejerce la defensa de Arévalos, fustiga las pruebas arrimadas por la Fiscalía. “La imputación es un informe sicológico, no un delito. Es la mayor idiotez que vi en mi vida”, dispara y dice que no dilatarán la realización del juicio. “Queremos que vaya a juicio porque es la única forma de que termine este problema”, remata el abogado.