EFE
“Todo está dado para que haya una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, explicó Sujú, que ya en mayo de 2016 y enero de 2017 presentó a la magistratura internacional dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.
El nuevo dossier, presentado ayer en La Haya, contiene seis nuevas incidencias de supuestas torturas entre abril y junio, y que afectarían a 120 personas. Asimismo responsabiliza del maltrato al actual Gobierno de Caracas, bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
“Entre los crímenes de lesa humanidad contemplados están el asesinato por motivos políticos, el encarcelamiento injusto contra personas por motivos políticos, las torturas y la persecución sistemática contra una población o grupo”, matizó la jurista.
Entre otros, se detalla el maltrato a la abogada Yolibeth Colmenares, en el Estado de Barinas, que fue detenida en una manifestación y sufrió vejaciones, como ser golpeada con puntapiés y la culata de armas de fuego, y recibir orina en sus partes íntimas.
Se describe también la violación de Cristian Jiménez, un acto ocurrido en la Victoria, Estado de Aragua, y atribuido a miembros de la Brigada 42 de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sujú aseguró que las “cabezas de mando de la terrible represión y violación de los derechos humanos que sufre la sociedad venezolana tienen nombres y apellidos”.
Se refirió al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa; general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; general Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; y general Gustavo González López, director del SEBIN;
También citó entre los responsables de las torturas al general Iván Hernández Dala, director de la División de Inteligencia Militar; y a Carlos Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana.
