Ni el empresario más dadivoso, ni el patrón más generoso, ni la empresa más exitosa de nuestro medio concedería una “gratificación ocasional” de G. 13.000.000, a esta altura del año, a sus principales gerentes “por las labores realizadas y a los resultados obtenidos de la gestión administrativa y financiera”, tal como lo acaba de hacer la semana pasada el Ministerio de Obras Públicas a favor de 22 de sus directores y viceministros. Hablamos de repartir cerca de 300 millones de guaraníes.
Es cierto que este premio es nada comparado con todos los beneficios que tienen los funcionarios del Congreso Nacional o del Banco Central o de las entidades hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá. Todo conforme a la ley, claro, y relegitimado por décadas de despilfarro en las instituciones públicas.
Si independientemente del salario y la seguridad social, las empresas privadas se vieran obligadas a pagar las mismas diversas gratificaciones a sus empleados, incluidas las asignadas por buen rendimiento, más de una iría a la quiebra.
En la práctica muchas de las empresas tienen por política distribuir parte de las utilidades entre todos sus empleados, o cuentan con programas de incentivos para premiar al personal que se destaca, ya sea a través de becas de estudio, viajes o promoviéndolo a ascensos.
Todo dentro de un margen razonable que no comprometa su propia sostenibilidad. Sin embargo, este es un criterio muy poco común cuando se trata de administrar dinero público sobre el que una gran mayoría de los funcionarios estatales tienen la percepción que es de todos y de nadie a la vez. Por eso fácilmente terminan creyendo que pueden utilizarlo como si proviniera de un fondo inagotable. Por eso también fracasa cualquier plan de austeridad.
Como el Estado puede emitir bonos, contratar créditos, crear nuevos y más impuestos, la idea imperante es cuánto más se lo puede exprimir.
Por más premios y beneficios que se incorporen, siempre habrá recursos. Así es que obran por acumular títulos, aunque estos nada tengan que ver con la función que desarrollan y, como ocurre en varias instituciones, también perciben una retribución por “presentismo” o tienen más de un aguinaldo. ¿Sobre qué criterios?
Hablamos de una ristra de retribuciones inimaginables para los trabajadores del ámbito privado y que no se compadecen para nada con los niveles de inequidad y de pobreza del país.
Una gran mayoría de los compatriotas que están o quieren ingresar a la función pública admiten con naturalidad que las “gratificaciones ocasionales” están contempladas en la ley, y punto.
No hay ninguna visión crítica cuando se tiene acceso a la “plata dulce”, a esa que está allí y solo es cuestión de ingeniarse para repartirse.
