Víctor Ferreira
SANTIAGO - CHILE
En los años 90 culminaba la dictadura militar de Chile, encabezada por el general Augusto Pinochet, una de las más sangrientas como las registradas en los demás países de Sudamérica. En ese periodo, asumieron los primeros gobiernos democráticos que se encontraban con 40% de ciudadanos pobres, con una pésima calidad de vida.
El reto mayor era generar progreso para el país y su gente o, de lo contrario, la democracia se iba a deslegitimar como instrumento de convivencia. Por ello, los primeros dos gobiernos democráticos desarrollaron cada uno un modelo de crecimiento que beneficie a la población y uno de ellos fue a través de la modalidad de Alianza Público Privada (APP), para mejorar la infraestructura.
Así explicó Juan Eduardo Saldivia, de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) que reúne a las principales empresas concesionarias del Estado chileno. Fue durante una visita de la prensa local a Chile, donde explicaron las ventajas de la APP para el desarrollo de las obras públicas. El tour incluyó la visita a varias obras que hoy están en operación y ejecución.
Hoy, el país andino con 17 millones de habitantes es un ejemplo a seguir en el desarrollo de este tipo de inversiones, donde prima el bienestar de la población y no de los gobiernos de turno. El proceso lleva 20 años y con ello se logró bajar el nivel de pobreza a un 11% del total de la población.
“Hay una experiencia, una realidad, una decisión política, yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Para que la democracia fuera exitosa Chile tenía que progresar, crecer y su población debía tener mejor calidad de vida. Una de ellas y la más importante fueron las concesiones de las obras públicas”, enfatizó Saldivia.
Según datos del Ministerio de Obras Públicas de Chile, el logro principal del sistema de concesiones se ve en las carreteras, aeropuertos, puertos, cárceles, hospitales, entre otras obras. El total de inversión materializada, asciende a más de USD 16.000 millones, en el periodo 1994-2015.
“Eso se materializó en un conjunto de políticas públicas, una de ellas la APP, para que un país pobre pudiera invertir a niveles muy superiores a lo que había invertido en infraestructura”, explicó.
En sus 20 años de historia, la APP suma un total de 82 contratos a lo largo del país andino, donde se destaca la construcción de más de 3.000 km de autopistas, la gestión de 11 terminales aeroportuarias, entre ellas, la de Arturo Merino Benítez de Santiago. Un consorcio franco-italiano invertirá cerca de USD 700 millones en la ampliación de la terminal, que concluirá de aquí a 2030, según Obras Públicas de Chile.
Paraguay tiene un gran potencial para desarrollar esta modalidad, dejando de lado el vicio de corrupción que por tantos años impidió el crecimiento del país y mejorar los niveles de pobreza que están en el orden de 22% de la población.
Ahora se tienen dos proyectos vía APP que estuvieron marcados por polémicas, lo que generó una desconfianza en el proceso.
El desafío es recuperar la credibilidad, y que las autoridades, en vez de priorizar sus negocios personales –que de hecho, ya afectó a los primeros proyectos–, piensen en la necesidad de la gente.
