Samuel Acosta
@acostasamu
La Cámara de Senadores decidió ayer en sesión ordinaria rechazar por unanimidad el proyecto de ley que busca regular el sistema de descuento automático o libranza por deudas contraídas por los trabajadores con las empresas.
La libranza, tal como lo estipula este proyecto, se entiende como el mecanismo de cobranza y garantía autorizada, por escrito, por un usuario que ha adquirido un bien o recibe un servicio de una entidad operadora (empresas).
El proyecto vuelve ahora a Diputados que deberá ratificarse en su versión o mandar archivar el proyecto de ley.
El senador Adolfo Ferreiro, quien en las últimas semanas hizo una fuerte campaña vía redes sociales en contra de esta iniciativa, calificó durante la plenaria de “brutalidad” que esta ley establezca la irrevocabilidad de los contratos entre usuarios y las empresas.
“Lo que quieren ahora es que este saqueo, que sabemos que existe, se convierta en algo totalmente legal”, declaró.
La irrevocabilidad o imposiblidad de que los clientes puedan suspender la libranza (descuento automático del salarios) por el pago de deudas contraídas ha sido duramente cuestionada por la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), ya desde el año pasado, cuando el proyecto entró en el debate parlamentario.
La irrevocabilidad está contemplada tanto en el artículo Nº 2 como en el Nº 7 de esta iniciativa de ley.
Para la Cámara Paraguaya de Libranzas (Capali), que aglutina a empresas que operan bajo este sistema, la irrevocabilidad es “la única garantía” de cobro que tienen, puesto que otorgan créditos a personas que por su nivel de endeudamiento ya no pueden acceder al préstamo ordinario en las entidades financieras.
En mayo del 2016, Última Hora había publicado una investigación donde demostró cómo a través del sistema de libranzas, miles de trabajadores –principalmente del sector público– caen en un esquema de créditos disfrazados como venta de electrodomésticos.
El Ministerio Público había detectado a 60 firmas comerciales que otorgaban préstamos de dinero, simulando venta de aparatos del hogar, a los que imponen tasas de interés que superan ampliamente el límite no usurario que fija el Banco Central.
Se supo que unos cuatro mil docentes cobran cero guaraníes cada mes. Por esa razón, el proyecto busca fijar un límite máximo al descuento por libranza de hasta de 50% para quienes perciben el salario mínimo y 65% para quienes perciben más del mínimo.
Rechazo general
Durante el debate de esta normativa se han mostrado en contra de varios de sus artículos instituciones como la Secretaría de Defensa al Consumidor, la Asociación de Bancos del Paraguay, el Instituto de Previsión Social, la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Industrial Paraguaya. El proyecto también es polémico porque ordena a los empleadores a retener los montos de deudas de sus trabajadores, de lo contrario, serán multados.
