La Policía Nacional pagó en su totalidad los 650 millones de guaraníes que debían costar unas obras cuyo plazo de entrega era de tres meses; sin embargo, los trabajos nunca fueron terminados. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas verificó in situ y concluyó, entre otras cosas, que el contrato tuvo varias irregularidades, demostrando la displicencia con que la Policía Nacional maneja los recursos del Estado.
Las obras en cuestión comprendían la construcción de un entrepiso en el cuartel de la Policía, entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, y la remodelación del baño de oficiales de la Comandancia. El contrato fue adjudicado a la firma M y R Ingeniería, representada por Sergio Alejandro Mendoza Benítez. Dicho contrato fue firmado el 5 de diciembre del 2011 y el trabajo debía ser entregado el 31 de marzo del 2012.
El contrato decía que al inicio de las obras la contratista debía recibir el 50 por ciento de la totalidad de lo acordado como precio, como anticipo, y el 50 por ciento restante al culminarlas. Sin embargo, al día siguiente de la firma del contrato, el girador de la Policía Nacional en aquel entonces, actual jefe administrativo, comisario general Francisco Alcaraz, pidió el pago total a la mencionada firma; inclusive, la ampliación del monto del contrato, o sea, los 650 millones de guaraníes.
La solicitud del pago fue presentada el 29 de diciembre y el 31 de ese mismo mes el Ministerio de Hacienda desembolsó los 650 millones de guaraníes, violando lo que estipulaba el contrato.
El hecho saltó a la luz y la Dirección de Contrataciones Públicas pidió la verificación de la ejecución de las obras, cuando el Ministerio de Hacienda, en febrero del 2013, había ya señalado que hallaba diferencias en el patrimonio del Ministerio del Interior, al no presentar el balance de las obras ejecutadas.
Desde dicha fecha, los entonces jefes administrativos, inclusive el propio comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, pidieron informes de todo lo actuado en el mencionado contrato.
En una de esas notas, el que fuera tesorero, habilitador y pagador, comisario principal Valerio Otazú, pidió a su camarada Francisco Alcaraz comunicar sobre el incumplimiento del mencionado contrato, ya que en el momento de la firma Alcaraz fue quien pagó por la totalidad de lo estipulado en el contrato, pese a que las obras no se habían iniciado siquiera.
Según consta en la página de Contrataciones Públicas, las obras comenzaron; sin embargo, hasta la fecha de la conclusión de la verificación de las mismas, en julio del 2014, el entrepiso estaba en un 32 por ciento de su construcción y los baños fueron entregados a medio terminar.
En su conclusión Nº39/2014, la Dirección de Contrataciones Públicas menciona que el contratista, en su nota de descargo, no se ha referido punto por punto a todas las irregularidades en que fue cayendo; más bien, detalló diversos inconvenientes que, a su criterio, impidieron la ejecución normal del mencionado contrato. Pero tampoco demostró con documentos la veracidad de dichos impedimentos.
La conclusión de la verificación de las tareas por Contrataciones Públicas indica que en esa fecha –julio de 2014– las obras se encontraban inconclusas y paralizadas, sin documentos que justifiquen dicha situación, como alguna orden de no innovar o rescisión del contrato de referencia. Y la principal conclusión es que la Policía Nacional no presentó ningún descargo correspondiente por las obras inconclusas.
Ya llevan tres comandantes
Por las obras inconclusas del contrato mencionado, pasaron tres comandantes: Francisco Alvarenga, Críspulo Sotelo y el actual, Luis Carlos Rojas; ninguno denunció el hecho, ya que hubo un supuesto
perjuicio patrimonial en el presupuesto del Ministerio del Interior. Desde este medio se buscó hablar con el actual jefe administrativo Francisco Alcaraz, pero rehuyó atender el requerimiento.