EFE
La disolución de la fuerza especializada de policías “va a impactar” porque eso se traducirá “en una reducción de comisarios, los cuales ahora no van a estar exclusivamente centrados en la Lava Jato”, señalaron a Efe fuentes de la Fiscalía cercanas a las investigaciones.
La Operación Lava Jato investiga desde el pasado 17 de marzo de 2014 los millonarios desvíos que se produjeron en el seno de Petrobras y por los que han sido enviados a prisión decenas de empresarios y políticos y ha tomado dimensiones internacionales.
La Fiscalía y la Policía crearon independientemente grupos especializados para gestionar de la manera más rápida posible los voluminosos procesos que se fueron destapando a lo largo de estos más de tres años.
La Fiscalía mantiene su grupo, pero la Policía Federal confirmó hoy en un comunicado que su división dedicada en exclusividad a la Lava Jato se integrará a partir de ahora en la Comisaría del Combate a la Corrupción y Desvío de Recursos Públicos (Delecor, en sus siglas en portugués).
El grupo especializado que trabajaba en la Operación “Carne Débil”, que destapó una mafia que sobornaba a funcionarios sanitarios y comercializaba carnes en mal estado, también se integrará en la Delecor.
De acuerdo con la Policía Federal, la medida “busca dar prioridad todavía más a las investigaciones de mayor potencial del daño al erario público, una vez que permite el aumento del efectivo especializado en el combate a la corrupción y el lavado de dinero, y facilita el intercambio de informaciones”.
La Policía Federal, que está bajo la dirección última del ministro de Justicia, Torquato Jardim, alegó que “ninguno de los comisarios de la Lava Jato tendrá un aumento de carga de trabajo, más bien al contrario, será reducida en función de la incorporación de nuevas autoridades”.
La Lava Jato desveló en todo este tiempo la existencia de un “cartel” con 16 importantes constructoras del país, entre ellas Odebrecht, para hacerse con las licitaciones de manera fraudulenta de Petrobras.
Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.
La investigación ha provocado innumerables terremotos políticos en el país y ha llevado al banquillo a figuras importantes como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, imputados en cinco causas judiciales, la mayoría relacionadas con el caso Petrobras.
En base a las confesiones de 77 exdirectivos de Odebrecht, en la lista de sospechosos también aparecen 8 ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer y 12 de los 27 gobernadores del país, además de los otros cuatro exmandatarios brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), y Dilma Rousseff (2011-2016).
