EFE
Las ocho calles de entrada al entorno de la Plaza Murillo, donde se ubican la sede gubernamental, el Legislativo y otras instituciones del Estado, permanecieron blindadas por vallas de más de dos metros y custodiadas por nutridos destacamentos policiales con equipo antidisturbios.
Cuando parte de los integrantes de la marcha trataron de forzar una de las entradas, las fuerzas de seguridad arrojaron agentes químicos al ambiente y en algunos casos dispensaron gas directamente a la cara de los manifestantes, según constató Efe.
La acción se repitió en varias ocasiones, lo que desató la indignación de muchos manifestantes que llegaron a hablar de “masacre” y destacaron la discapacidad o condición de menores de edad de algunos de los presentes.
Decenas de personas tuvieron que recibir atención médica de personal del Ministerio de Salud que se encontraba en la zona, incluyendo respiración asistida en algunos casos y líquido para paliar los efectos de los gases lacrimógenos y gas pimienta.
Los manifestantes no contaban con más protección frente a los agentes químicos que pañuelos de tela o papel.
A pesar de los momentos de tensión por la represión policial de la marcha, no se produjeron enfrentamientos físicos más allá del lanzamiento de algún objeto y las sacudidas a la valla por parte de manifestantes.
Horas antes de la manifestación, el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo en una conferencia de prensa que las rejas instaladas tenían el fin de evitar el contacto físico entre los agentes y los manifestantes.
Romero aseguró que la Policía tenía las instrucciones de evitar la confrontación por todos los medios posibles.
El ministro reafirmó “la voluntad de diálogo del Gobierno”, pero insistió en que la pretensión de los discapacitados de cobrar un bono mensual equivalente a 72 dólares es “inviable” y “no racional”.
Según Romero, el bono -de cuantía seis veces mayor al que reciben actualmente- demandaría un pago igual al presupuesto total de algunas regiones del país, “lo que no garantizaría su sostenibilidad” y por eso el Gobierno plantea, en cambio, dialogar con el sector para atender sus reclamos en salud, educación, empleo y derechos.
Con el lema de “renta o muerte”, las personas discapacitadas que han completado en silla de ruedas o con muletas los 383 kilómetros que separan la ciudad de Cochabamba (centro) de La Paz se niegan a aceptar medidas alternativas al bono estatal que reclaman y mantienen una vigilia en el centro de la ciudad.
