CARACAS - VENEZUELA
Empresas Polar, el mayor productor de alimentos de Venezuela, denunció al gobierno de Nicolás Maduro ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “acoso y discriminación”, anunció ayer la compañía.
En el recurso, presentado el 27 de julio en Ginebra (Suiza), el grupo refiere la detención arbitraria de 9 gerentes y también de obreros en lo que va de 2016, así como trabas en el acceso a divisas dentro de un férreo control de cambios, según un comunicado.
La empresa se declaró además víctima de fiscalizaciones desproporcionadas y de campañas de descrédito y difamación contra directivos y trabajadores, difundidas en los medios de comunicación. “Se presentaron todas las pruebas que demuestran el acoso y ensañamiento”, indicó el director de asuntos legales de la corporación, Guillermo Bolinaga, citado en el boletín.
GUERRA ECONÓMICA. Maduro acusa a Polar de estar a la cabeza de una “guerra económica” de empresarios para provocar su caída, mediante el sabotaje de la producción con el fin de generar escasez.
Polar niega esos señalamientos y reclama al Gobierno un mayor acceso a divisas para importar insumos. La corporación asegura que ante la falta de dólares –agravada por la caída de los precios del petróleo– ha tenido que suspender la producción en varias de sus plantas.
La escasez de alimentos básicos y medicinas en Venezuela alcanza un 80%, según organizaciones privadas. Los venezolanos deben hacer interminables colas en supermercados y farmacias para poder acceder a los insumos que aparecen a cuentagotas.
A mediados de julio, Maduro delegó a los militares la conducción de un nuevo plan contra el desabastecimiento, en el marco del cual se incrementaron los registros en instalaciones industriales.
El mandatario socialista ha amenazado con tomar las empresas que cesen operaciones, como ocurrió el 11 de julio al ordenar la ocupación de la planta del fabricante estadounidense de productos de higiene Kimberly-Clark por sus empleados, luego de que este detuviera sus labores.
Polar dice haber sido objeto de 768 inspecciones este año y recientemente denunció la confiscación de toneladas de alimentos.
La denuncia ante la OIT amplía una queja presentada por la compañía a finales de 2015 en ese organismo por supuestos ataques del Gobierno a los derechos sindicales.
