El Congreso Nacional rechazó el veto parcial del presidente Horacio Cartes a los aumentos salariales consignados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, con lo que los reajustes sancionados inicialmente quedan firmes desde ayer.
El Congreso había aprobado incrementos del 16% para los docentes oficiales, 8% para el personal de Salud Pública, G. 600.000 para los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y 12% para los funcionarios de la Industria Nacional del Cemento (INC).
En menos de 24 horas de haber recibido el Presupuesto sancionado, el Ejecutivo decretó la objeción a estas subas salariales, con el argumento de que el PGN 2018 quedaría con un desfinanciamiento de USD 40 millones y que colisionan con las leyes de Administración Financiera y de Responsabilidad Fiscal.
El presidente Cartes apostó a la mayoría oficialista en Diputados para dejar sin efecto los reajustes. El diputado Clemente Barrios, líder de la bancada oficialista, alentó a sus colegas a votar a favor de la aceptación del veto. Insistió en la violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal y en la falta de rigor técnico a la hora de aprobar los incrementos.
Sin embargo, no logró el efecto de convencimiento y, para su sorpresa, la gran mayoría de los legisladores cartistas se abstuvo de votar, mientras que 4 de ellos votaron por rechazar el veto (Ramón Romero Roa, Jorge Baruja, Carlos Núñez Salinas y Blanca Vargas).
Es así que con 44 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones, el veto parcial fue rechazado en la Cámara Baja. Para lograr el rechazo, se necesitaban 41 votos.
Segundo round. En el Senado, el trámite fue mucho más sencillo. La sesión inició pasadas las 15.00, y en menos de media hora se confirmó el rechazo al veto con 25 votos, 2 más de los necesarios, según el artículo 208 de la Constitución Nacional.
El mismo articulado habla de que rechazado el veto del Ejecutivo por mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso, queda vigente la sanción inicial, debiendo el Ejecutivo promulgar y publicar el documento. Ya no puede volver a objetar la decisión.
En las sesiones, los legisladores de la disidencia y la oposición cuestionaron duramente al Gobierno por su “doble discurso”, ya que en el alegato del veto se habla de falta de recursos para cubrir las subas salariales, pero recordaron que hace unas semanas, varias instituciones desembolsaron USD 11 millones en gratificaciones preinternas.
Aseguraron que el PGN sancionado es administrable, y remarcaron que aumentando el impuesto al tabaco y endureciendo la lucha contra la evasión, se podría cubrir el desfinanciamiento.
Calificaron su decisión como un acto de “justicia social” con el funcionariado público y pidieron a Hacienda adecuar el presupuesto a las necesidades reales de la gente.
Déficit. Con la decisión del Congreso, el PGN 2018 quedaría con un déficit del 1,8% del producto interno bruto (PIB), por encima del 1,5% permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, según el análisis hecho por el Fisco.
Los incrementos salariales para estos cuatro sectores totalizan los USD 87 millones por encima de la propuesta elaborada por el Ejecutivo.
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, había expresado que además de los USD 40 millones que inicialmente no contaban con financiamiento tras la sanción del PGN, la situación se agravó luego de que la Corte dejara sin efecto el IVA a cooperativas y obligara al Fisco a devolver el 100% del IVA a las agroexportadoras.
Había criticado los aumentos salariales aprobados sin financiamiento, ya que implica recortes a programas sociales e inversión para cubrir el déficit.