El ministro de Hacienda, Santiago Peña, indicó que el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con un ajuste salarial para el sector público, y que de ser aprobado por el Congreso no debería poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Dijo que hasta que el proyecto de Presupuesto 2017 no esté sancionado hay un “riesgo enorme” de que se abra el “grifo” para un aumento salarial generalizado para los estatales, por lo cual insistió en la necesidad de respetar el tope de gastos previsto por el Poder Ejecutivo. Añadió que están atentos a lo que pueda decidir el Parlamento.
La Comisión Bicameral de Presupuesto, que tiene actualmente a su cargo el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017, resolvió recomendar a las cámaras de Diputados y Senadores que se apruebe un aumento salarial del 7% para los estatales que perciben el salario mínimo.
Si el aumento rige desde julio del próximo año, tal como sugiere la Bicameral, costará G. 160.000 millones (USD 28 millones). Pero si alguna de las cámaras decide que el incremento rija desde enero del próximo año, el costo trepará a G. 320.000 millones (USD 56 millones).
La Bicameral continuará el estudio del proyecto de Presupuesto 2017 el lunes de la próxima semana, y deberá definir si acepta o no el pedido de ajuste salarial del 20% presentado por la Corte y el Ministerio Público, así como otros pedidos de mejoras salariales de más instituciones.
POSITIVO. Peña destacó como positivo que la Bicameral haya aceptado el tope de gastos propuesto por el Ejecutivo, de G. 69,1 billones (USD 12.112 millones). “Si hoy nos preguntan cuál es el presupuesto que deberíamos remitir, es exactamente el mismo que tenemos hoy. No le cambiaríamos una coma, por eso hemos mantenido nuestra posición de que se pueda aprobar el presupuesto tal cual fue remitido por el Poder Ejecutivo”, refirió.
Insistió en que si llegara a haber alguna modificación al plan de gastos del próximo año, esto no debería de afectar el déficit fiscal, como está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El saldo negativo previsto para el próximo año asciende a 1,5% del PIB, límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
