El ministro de Hacienda, Santiago Peña, pidió a la Comisión Bicameral de Presupuesto mantener el monto destinado al pago de gratificaciones o aguinaldo extra de los funcionarios públicos previsto para el próximo año, y solo eliminar el articulado que autoriza otorgar este beneficio.
Peña indicó que no remitirá al Congreso ningún pedido de adenda al proyecto de Presupuesto 2017 para atender los pedidos de recursos extras planteados por distintas entidades públicas.
El ministro estuvo acompañado de la viceministra de Economía, Lea Giménez, y del viceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, además de técnicos de la cartera fiscal. Aunque fue requerido en varias oportunidades por los legisladores por esta petición, Peña no dio explicaciones concretas de por qué es necesario mantener el monto previsto para el próximo año.
Asimismo, los legisladores le pidieron a Peña que el Poder Ejecutivo envíe una adenda al proyecto de Presupuesto 2017 solicitando la eliminación del artículo que autoriza los pagos.
A fines del mes pasado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual suspendió el segundo pago del aguinaldo extra y anunció que solicitaría al Congreso que elimine los dos pagos previstos para el próximo año, atendiendo a que el proyecto de Presupuesto 2017 mantiene estos privilegios.
PAGOS. Los pagos de bonificaciones se realizan bajo dos conceptos presupuestarios: bonificaciones y gratificaciones y otras transferencias corrientes.
En uno de los casos, se destina al pago de bonificaciones por responsabilidad en el cargo (a jefes de departamento, directores y viceministros), por ejemplo.
Sobre el otro concepto, no se dieron explicaciones de por qué continúa presupuestado el mismo monto que se asigna este año (G. 15.000 millones, aproximadamente), aunque indicó que será redireccionado a otras instituciones, como hizo este año con lo que sobró del segundo “aguinaldo extra”, cuando el dinero fue al Ministerio de Educación.
Si bien hay un incremento en los recursos previstos para este concepto, explicaron que esto se debe a que se previeron recursos para la Lotería Fiscal (G. 14.000 millones); y para entidades recaudadoras (G. 2.000 millones).
