Dirigentes del Movimiento 138, Colectivo de Resistencia Cultural de la Migración Paraguaya en Argentina, entregó una nota dirigida al embajador paraguayo en el vecino país, Nicanor Duarte Frutos, sumándose a la campaña que reclama al presidente Horacio Cartes que vete la Ley ya aprobada en el Congreso, a pesar de que el mandatario ha anunciado que aceptará la donación.
“Ante este nuevo intento de arrebatar al Estado paraguayo, al pueblo paraguayo y en particular, al campesinado de Curuguaty de las tierras que por legalidad y legitimidad les pertenecen, nos dirigimos a la representación diplomática de nuestro país en la Argentina para manifestar nuestro rechazo al proyecto de Ley “Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección, al área denominada Reserva Natural Yberá, correspondiente a la finca N° 30, padrón N° 61, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú” recientemente sancionado por el Poder Legislativo y que en la actualidad se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto”, señala la nota entregada en mesa de entrada de la embajada.
“Es hoy ya ampliamente conocido que las tierras en cuestión -donde además se desarrolló la masacre de Curuguaty el 15 de junio del 2012- pertenecen desde 1967 al Estado paraguayo en virtud a la donación que realizara la empresa La Industrial Paraguaya, aceptada por decreto presidencial del mismo año”, detalla la nota.
Agrega que “desde 1967 a 1999 en esa finca, en Marina Kue, funcionó un destacamento militar de la Armada Paraguaya. Mediante diversas maniobras judiciales fuera de todo derecho, la empresa privada Campos Morombí se hizo poseedora de hecho de un bien público, cuya posesión hoy se encuentra reclamada vía judicial por la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para el establecimiento de una comunidad campesina”.
Blanqueo de usurpación
Los paraguayos residentes en Argentina sostienen que “bajo el falaz argumento de la protección de la diversidad biológica la empresa Campos Morombí, a través de sus nefastos representantes en el Congreso (El diputado Óscar Tuma fue el proyectista) pretenden blanquear la alevosa usurpación ilegal de Marina Kué, para evadir las responsabilidades jurídicas del hecho, impedir la instalación de una comunidad campesina que ponga en cuestión el dudoso origen de las decenas de miles de hectáreas que poseen en la zona y además, intentar legitimar la falsa idea de que al momento de la masacre de Curuguaty las campesinas y campesinos víctimas y sobrevivientes -hoy procesadas arbitrariamente- efectivamente incurrieron en el delito de invasión de su propiedad privada”.
“Ni el Poder Legislativo tiene la potestad de sancionar una Ley que afecte a tierras que se encuentren en litigio judicial entre el Estado paraguayo y un particular, ni el Poder Ejecutivo tiene la potestad de promulgarlo. De hacerlo, ambos poderes del Estado estarían incurriendo abiertamente en una inconstitucional extralimitación de sus facultades, atropellando una vez más el dudoso Estado de Derecho de la democracia paraguaya, tan poco vigente y tan subordinada a los intereses económicos-políticos de los poderosos de siempre”, agregan.
“Por estas razones, y ratificando nuestro compromiso de lucha y solidaridad con las campesinas y campesinos y en coincidencia con centenares de voces que en Paraguay y el mundo reclaman justicia, tierra y libertad, sumamos nuestra voz a la exigencia del veto total del proyecto de Ley y su archivamiento definitivo en el Poder Legislativo.
“Marina Kue es del Estado, es del pueblo y del campesinado paraguayo, su recuperación definitiva es un acto de justicia, un acto ejemplificador que podrá abrir el camino hacia la recuperación de otras millones de hectáreas de tierras usurpadas por jerarcas políticos, empresarios y militares en tiempos de la tiranía stronista y posterior e ella”, expresa además la nota.
“Recuperar Marina Kue es un acto de reparación mínima a las familias de los campesinos que han perdido su vida allí en defensa de nuestros intereses generales y de los suyos propios. Recuperar Marina Kue es demostrar que el operativo fiscal-policial de aquel fatídico 15 de junio es un sinsentido, un burdo montaje de consecuencias políticas, sociales y jurídicas graves. Recuperar Marina Kue es desbaratar el arbitrario y escandaloso proceso judicial en curso contra los sobrevivientes de aquella masacre. Recuperar Marina Kue es un necesario acto de dignidad colectiva”, sostienen los integrantes del Movimiento 138.
